La Comisión Europea no admitirá que las entidades financieras que reciban ayuda canjeen las preferentes que vendieron. La única posibilidad legal en relación con este producto complejo -no es un depósito, pero ofrece un tipo de interés fijo- es convertirlas en acciones de la entidad correspondiente. Es decir, asumir la condición de accionistas y correr la misma suerte que su banco, lo que implica en estos casos asumir una pérdida patrimonial. La posición de Bruselas se entiende, porque su obligación es mitigar el impacto que el rescate de los bancos españoles pueda tener sobre las arcas comunitarias y, por tanto, sobre los contribuyentes europeos.
Es cierto que muchos ahorradores que colocaron su dinero en preferentes se han sentido engañados y ahora la única vía que les queda es el recurso a los tribunales. Va a aumentar notablemente la litigiosidad por esta causa, pero aún hay más. El caso de las preferentes denota un fallo importante y falta de independencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo encargado de velar por la transparencia del mercado. De los cinco consejeros de la CNMV, uno es el director del Tesoro y otro el subgobernador del Banco de España. El resto es nombrado a propuesta de Economía. En el momento en que los bancos acuciados por la crisis tuvieron necesidad de captar capital, el Banco de España aconsejaba a las entidades usar este sistema. La CNMV debía haber divulgado mejor el riesgo del producto. Una buena parte de las entidades, las que no precisan ayuda, ha canjeado las preferentes para no perder clientes. Sin embargo, los tenedores de preferentes de entidades auxiliadas -véase Bankia, con más de 3.000 millones- están atrapados y afrontan pérdidas.
