La más que probable nacionalización de YPF, la filial argentina de Repsol, responde a una estrategia diseñada por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para elevar paulatinamente la incertidumbre sobre el futuro de la empresa. Su actuación, propia de sistemas populistas y caciquiles, sirve para distraer la atención de los problemas internos, con el señuelo de hacerse con el control de YPF para defender los intereses nacionales, mientras el daño es para Repsol. Argentina ya tiene el 15 por ciento de la filial al haber nacionalizado cuatro pozos en distintas provincias argentinas donde opera la empresa. Las idas y venidas de Antonio Brufau a Buenos Aires para tratar de reunirse, sin conseguirlo, con Kirchner para defender los intereses de la empresa no han tenido éxito. A pesar de ello, durante toda esta semana siguen las negociaciones del presidente de Repsol en un plano más discreto. El conflicto baja la cotización de Repsol y de empresas que tienen participación en la petrolera, como Sacyr o la mexicana Pemex. La cacicada de Kirchner también puede pasar una factura muy elevada a su país, ya que los inversores huyen de la inseguridad jurídica y las empresas se plantean si conviene a su negocio este riesgo añadido.
Al final este tipo de enfrentamientos desembocan en arbitrajes internacionales que se eternizan y no resuelven el problema en su momento. Sería conveniente un organismo internacional que solucionase con rápidez estos problemas. El conflicto diplomático, que sólo beneficia los intereses de la presidenta, también está servido. El ministro Soria, en nombre del Gobierno, ha defendido con firmeza y valentía a Repsol al considerarlo un gesto de hostilidad contra España.
