Las distintas reformas estructurales introducidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en poco menos de tres meses han supuesto un esfuerzo extraordinario para intentar cerrar el curso con un déficit del 5,3 por ciento. Hasta la fecha se han conseguido ahorrar 27.300 millones de euros, a los que en breve plazo se añadirán otros 10.000 millones más procedentes de la Sanidad y Educación. Un trabajo titánico superior al realizado por Italia y otros países del entorno, que ya ha propiciado una huelga general, la pérdida de las elecciones andaluzas, la frontal oposición del PSOE y un gran desgaste social entre la clase media.
Pero a pesar de haber realizado sus deberes en un tiempo récord, el Gobierno popular no ha recibido el más mínimo aplauso del Banco Central Europeo (BCE), que se ha negado a seguir comprando deuda para contener la prima de riesgo. En Moncloa están profundamente decepcionados con este comportamiento, que entre otras cosas ha permitido traspasar a España la presión que soportaba la prima de riesgo italiana. El gran problema al que se enfrenta ahora el Gobierno es la falta de recorrido para abordar nuevas reformas estructurales de calado que contribuyan a cumplir con las insaciables expectativas de Alemania y los mercados financieros.
Frente a esta presión creciente, el Gobierno español tiene dos jugadas posibles: bien aceptar una intervención de baja intensidad o bien abandonar el euro. La primera opción sería letal para los intereses del país y la segunda removería los cimientos de la UE. La solución la tiene el BCE, que debería resolver de una vez por todas la asimetría de la estructura financiera de la Vieja Europa.
