Marear la perdiz es la peor forma de abordar los problemas. Ésta es la política que se está siguiendo con la reestructuración del sector financiero, que al final va a resultar cara y tardía. Mientras no se complete esta reforma y se saneen las entidades financieras no podrá fluir el crédito a las empresas -véase lo que ha sucedido con la barra libre del BCE-y esto debe influir en el coste de no haber concluido los deberes. Como también hay que sumarle una buena parte del vendaval de desconfianza que nos azota de nuevo. El miedo de los políticos a llamar a las cosas por su nombre impidió que la reforma financiera de Luis de Guindos se atreviera con un banco malo en un intento bastante inútil de que los cambios doliesen lo menos posible. En otros países se ha puesto en marcha con buenos resultados este modelo aunque, todo hay que decirlo, ha imperado más el modelo del mal banco malo, que compra activos tóxicos a un precio superior al de mercado. En España se argumentó que el sector cargaría con la reestructuración, pero llegamos a un punto en el que ni el Fondo de Garantía de Depósitos ni el Frob disponen de capital para los procesos de fusión que faltan por cerrar. Son otros 50.000 millones más los que habrá que poner sobre la mesa para financiar las pujas de CatalunyaCaixa, Banco Valencia y Novagalicia. Los bancos se niegan a poner más dinero para sanear la mala gestión de las cajas. Economía baraja distintas soluciones como aumentar la dotación del Frob, del FGD e incluso ahora plantea la posibilidad del banco malo. Todo esto era previsible, pero se dejó correr el tiempo y el Gobierno debe ahora decidir rápidamente para zanjar el proceso. Cuando más tarde, la reforma saldrá más cara y el peligro de intervención será mayor.