La reforma del mercado de trabajo deja abierta la puerta a la posibilidad de despedir personal laboral del sector público por causas económicas. A la vista de la inminente reforma de las Administraciones Públicas, que el Gobierno anunciará en las próximas semanas, y de las medidas contempladas en los Presupuestos es probable que algunas administraciones se vean abocadas a prescindir de los empleados sujetos a la legislación laboral. Los trabajadores de las empresas públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos pueden ser los más afectados. Desde 2001 al pasado año se disparó la contratación del sector público en 440.000 personas. En ese periodo se produjo el traspaso de competencias en materia de sanidad y educación a las autonomías que todavía no la tenían, pero esto en vez de bajar el número de servidores públicos lo aumentó.
Como reconocen en Hacienda, mientras que la Administración del Estado ha hecho parte de sus deberes en materia de recursos humanos para afrontar la crisis, las comunidades autónomas aumentaron su plantilla un 44% y los ayuntamientos un 39%. De aquellos lodos provienen ahora los barros, que obligarán a algunas administraciones a ajustar su personal para reducir el abultado capítulo de gastos de personal de sus presupuestos. Si los sueldos públicos se congelan, para bajar gasto no tendrán más remedio que reducir plantilla. A ello se añade que la reforma del sector público tiene entre sus objetivos eliminar duplicidades de servicios ofrecidos por distintas administraciones, lo cual redunda en la necesidad de cerrarlos y prescindir de su personal. Serán decisiones duras e inéditas, pero parecen inevitables.
