Bruselas va a aprovechar la crisis y los problemas presupuestarios de varios Estados de la UE para minar su resistencia e implantar un impuesto sobre las emisiones de CO2 a partir del 1 de enero de 2013. La revisión de la directiva sobre Imposición de la Energía que propone la Comisión Europea no oculta sus intenciones de conciliar objetivos medioambientales y económicos y sugiere a los Estados trasladar hacia el medioambiente parte de la fiscalidad sobre el trabajo y el capital, lo cual parece más ficción que realidad. El nuevo tributo tiene carácter nacional y establece unos tipos mínimos para toda la UE que pueden subir cada Estado. Cierto es que la imposición actual sobre carburantes y combustibles fomenta el consumo de carbón y penaliza las energías renovables y que, según los sectores se produce una doble imposición o ninguna, pero la oposición de varios Estados a este impuesto se debe a los posibles costes adicionales y a la pérdida de competitividad que puede representar. Con esta medida, la Comisión propicia una solución que en realidad crea un nuevo problema al conllevar un importante incremento de la tributación del gasóleo.
Si finalmente la revisión se aprueba como está redactada, el tipo mínimo impositivo del gasóleo sería superior al de la gasolina, cuando ahora es lo contrario. Por si no fuera poco, el Comité Económico y Social de la UE recomienda eliminar la tributación más baja que cinco Estados aplican sobre el uso comercial del gasóleo que afectaría a camiones, autocares y taxis. La implantación de este impuesto supondrá un grave problema para España. Su impacto sobre la actividad y el consumo anularán el efecto del incremento de ingresos. Una ayuda que puede asfixiarnos.
