El pasado 2011 fue un mal año para el sector financiero. En el último trimestre antes de la entrada en vigor de la reforma, el conjunto de las entidades presentaron unas pérdidas trimestrales de 3.706 millones de euros. Además, por primera vez en muchos años el beneficio antes de impuestos arrojó unos número rojos anuales de 2.144 millones, que después de sumar el efecto fiscal se transformaron en beneficios de 603 millones. Las perspectivas para 2012 son que se cerrará con una situación similar, sino peor.
A lo largo de los próximos meses disminuirán los ingresos y las entidades tendrán que afrontar mayores exigencias por la reforma financiera, a lo que se une la debilidad que muchas de ellas han ido acumulando desde hace tiempo. El próximo sábado bancos y cajas de ahorros tienen que presentar ante el Banco de España sus planes de viabilidad para el saneamiento de sus balances, lo cual no hará sino seguir poniendo negro sobre blanco las dificultades que va a tener el sector para superar la situación si no puede recurrir a las ayudas directas del Estado como ha sucedido en otros países. En España el Gobierno no ha abordado esta vía por su impopularidad. El argumento es que se reparte la carga entre los contribuyentes, pero hasta la fecha lo único que se ha conseguido es demorar la solución del problema, mientras el proceso de fusiones no acaba de cobrar la velocidad deseable. Al final los contribuyentes van a tener que pagar, pero cuanto más tarde mucho más.
