Endesa e Iberdrola quieren que la central nuclear de Garoña tenga su vida útil ampliada hasta 2023 y no sólo hasta 2019. Nuclenor, la sociedad que gestona la planta, amenaza con cerrarla si no se mantiene funcionando durante 10 años más en lugar de los seis aprobados por el Ejecutivo.
Argumentan que las inversiones para alargar su actividad se han visto acompañadas por otras concebidas a raíz del desastre de Fukushima, sobre todo relacionadas con la resistencia sísmica y la gestión de emergencia. Parece una petición razonable, dado el volumen de gasto y los años que se conceden en otros países a plantas similares. A cambio, quizá se pueda plantear más facilmente que estos beneficios sirvan para corregir el déficit de tarifa eléctrico.
