El fin último de las más recientes reformas financieras no ha sido otro que el de la activación del crédito, imprescindible para apoyar una eventual recuperación económica. Por ello, se debería vigilar con especial celo que la normativa que deben seguir las entidades para adecuarse a los nuevos requerimientos no dejan resquicios para prácticas que perpetuan la ocultación de los agujeros en el sector inmobiliario, lo que retrasa un efectivo saneamiento y, sobre todo, que haya crédito nuevo a empresas y familias.
El Real Decreto que regula la reforma de De Guindos, no se ocupa de la peligrosa práctica de las refinanciaciones al sector promotor, que según algunas fuentes alcanza a más del 80% de los prestamos concedidos a este sector. Cuando los gestores de una entidad financiera prefieren renegociar un crédito que perciben como incobrable para no deteriorar su cuenta de resultados no está haciendo otra cosa que añadir volumen a su problema y dañando al resto del sector.
Perjudica a su entidad, porque con los artificios contables no hace otra cosa que restarle posibilidades de supervivencia. Y, en mayor medida, es el conjunto de la banca el que sale mal parado, ya que la falta de rectitud en la toma de riesgos y en la elaboración de balance y cuentas de resultados, es uno de los principales motivos de la existente desconfianza hacia todas las entidades españolas y no la discriminación entre unas y otras. Hay que parar de una vez las fantasías contables, que sólo son descubiertas en supuestos como el de La CAM, por la intervención. Con ella se supo que más de 4.000 millones en créditos supuestamente sanos estaban dañados y los beneficios se tornaron pérdidas. ¿Hay casos similares?