En el Gobierno están encantados de haberse conocido, ya que se consideran los inventores de la estabilidad presupuestaria durante la última legislatura de Aznar, sobre todo tras ganar el pulso sobre el objetivo de déficit a Olli Rehn y Van Rompuy, dos de sus máximos detractores en la Unión Europea.
Sin embargo, los mercados lanzan el primer aviso: la prima de riesgo se enreda en torno a 320 puntos, mientras que la italiana hace ya días que enfiló el camino de los 290 puntos.
La causa de esta desconfianza son las dudas más que razonables sobre la reducción del déficit de las comunidades autónomas al 1,5%. Un esfuerzo de titanes, que provoca ya las primeras desafecciones internas, aunque de manera discreta. El presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, asegura que está al límite, no puede recortar más, y no podrá alcanzar el ambicioso objetivo (2.200 millones) marcado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En el PP comienzan a asumir que, tarde o temprano, el Estado tendrá que salir al rescate de sus autonomías, al igual que la Unión Europea con Grecia. También que, de alguna manera, habrá que aceptar el Pacto Fiscal que reclama Artur Mas para Cataluña. Es completamente imposible reducir los 4.390 millones previstos para este año, con una economía en profunda recesión. Ya ocurrió en 2011, en el que todos los ajustes emprendidos por la Generalitat apenas tuvieron impacto en el déficit, que superó el 3 por ciento. Por eso, al ministro de Economía, Luis de Guindos, se le escapó esta semana que habrá que emitir hispabonos, es decir, deuda autonómica con el respaldo del Estado. El deterioro de la solvencia de las cuentas de las comunidades autónomas encarece enormemente sus salidas al mercado.
Para colmo, está el problema andaluz
Si Javier Arenas no se alza el próximo fin de semana con la mayoría absoluta en Andalucía, Hacienda tiene muy difícil meter en cintura a la comunidad autónoma, pese a todos los mecanismos de coacción creados por Montoro. Los socialistas de Rubalcaba estarán tentados de transformar Andalucía en un bastión de defensa frente a Madrid, como lo fue la capital de España durante la invasión francesa.
Con este panorama, Rajoy presentará un presupuesto de extrema dureza al día siguiente de la huelga general, seguido de un shock liberalizador que tiene prácticamente ultimado De Guindos para intentar contrarrestar el efecto depresivo de los recortes. Esta medida, junto a la inyección de 35.000 millones a la economía a través del pago a proveedores, convivirá con los ajustes estructurales y los recortes de gasto que diseña Montoro, a semejanza de un flotador lanzado a la desesperada para evitar que la economía se hunda más allá de lo previsto.
El auténtico caballo de batalla y también la mayor preocupación del Gabinete de Rajoy es el empleo. En estos momentos, casi ningún ministro cuestiona que se alcanzarán los seis millones de parados. Algunos vaticinan, incluso, cifras mucho más elevadas. Y eso que la percepción oficial es que los sindicatos desperdician la oportunidad de oro de anunciar la huelga general a la par que se llega a la cifra dramática de los seis millones.
Confían, sin embargo, en que el drástico ajuste nos devuelva la credibilidad en los mercados y tenga un efecto beneficioso sobre la prima de riesgo que le permita abandonar los 300 puntos. Ello facilitaría la financiación de grandes corporaciones y relajaría la fuerte restricción del crédito, que cae en picado.
La reforma financiera, que recibió tantas alabanzas de la oposición y del mercado, es otro de los talones de Aquiles. De Guindos tuvo que presionar a la banca para que aceptara voluntariamente su código ético contra los desahucios, y tendrá que volver a hacerlo para promover que las más fuertes absorban a las débiles. La importante alza de las provisiones a las entidades, además de secar el crédito, a lo único que ha contribuido es a señalar definitivamente el mapa de los bancos tóxicos, incapaces de cumplir con ellas.
A estas alturas está claro que las denominadas fusiones frías anunciadas por el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, son un absoluto fracaso. Ni Banca Cívica, ni Liberbank, ni Banco Mare Nostrum, ni por supuesto CatalunyaCaixa o Novacaixagalicia son viables por sí solas. Sobre Bankia, las opiniones están más divididas, debido al empeño mostrado por Rodrigo Rato en sacarla adelante en solitario.
En estas circunstancias, urge una segunda ronda de fusiones. El problema es que son demasiadas para ser engullidas por los más sanos sin que éstos queden contaminados, lo que obligará, una vez más, al Estado a rascarse el bolsillo para animar las fusiones. El otro inconveniente es que, incapaces de ponerse de acuerdo, es preciso que sea el gobernador el que haga de casamentero, y Ordóñez no cuenta con la confianza del Gobierno. Ello obligará a posponer muchas operaciones hasta el otoño. En fin, que hay que seguir armándose de paciencia.
La gran deuda de Cataluña
