Ayer se cerró el plazo para que los ayuntamientos presentaran las facturas de proveedores pendientes de cobro antes del 1 de enero de 2012 y pronto lo harán las comunidades. El plan de pago aliviará a las empresas, que recuperarán 35.000 millones que les adeudaban. Si el dinero no queda embalsado y llega también a subcontratas, autónomos y profesionales puede ejercer un efecto balsámico sobre la economía. Pero el problema no acaba. Los proveedores aseguran que hay otros 35.000 millones de deuda oculta guardada en los cajones de algunas comunidades y ayuntamientos. A mediados de 2011, tras las elecciones locales y autonómicas, había algunas administraciones que ya habían consumido todo su presupuesto del ejercicio.
Si una administración no tiene dinero para afrontar pagos ineludibles y los traslada al siguiente ejercicio, debe anotarlo en la cuenta 413 del presupuesto, establecida para dar salida al problema, con conocimiento de la Intervención y reflejo contable. No es lo que ha sucedido. De nuevo se ha optado por ocultar las facturas y seguir engordando el agujero. El 15 de mayo, cuando los proveedores comprueben si sus facturas están en las listas de cobro, aflorará esta deuda oculta de 2011. Con independencia de las medidas que el Gobierno debe adoptar contra esta práctica, que no por habitual deja de ser intolerable, tiene la obligación de facilitar los recursos para que las empresas cobren todo y no quede ninguna deuda oculta pendiente. En ello nos jugamos no sólo el impacto negativo que esta irregularidad ejerce sobre la economía, sino nuestra credibilidad exterior.
