El trámite parlamentario no debe cambiar la reforma laboral en su estructura fundamental, ni el Gobierno debe ceder a las presiones de la calle, cuando el paro amenaza con acercarse a los 6 millones. El Ejecutivo afirmó que no admitiría cambios de calado, aunque se mostró abierto al diálogo con empresarios, sindicatos y grupos parlamentarios para introducir modificaciones técnicas. Las variaciones del proyecto serán puntuales, pero suficientes para limar algunos aspectos que podrían dar lugar a abusos o aumento de la litigiosidad. A este respecto, la colaboración de PP y CiU en el Parlamento se está mostrando muy fructífera, a través de distintas enmiendas del grupo parlamentario catalán que aclararán las causas de despido objetivo, fijarán el arbitraje en los convenios y establecerán una indemnización de 6 o 7 días para los contratos en año de prueba.
Con esta última enmienda se sortean los problemas de inconstitucionalidad a los que podía dar lugar el proyecto de ley en su redacción original. Se evitará que bajo el contrato de formación se enmascare una forma de contratación temporal. Es importante clarificar al máximo las condiciones del despido objetivo para evitar la judicialización de las relaciones laborales. Un aspecto que también se podría mejorar para aumentar la flexibilidad sería agilizar los trámites para el descuelgue de convenios.
La reforma está empezando a dar sus primeros pasos y comienza a mostrar su utilidad. Novagalicia va a ser la primera entidad que aprovechará las ventajas del cambio legislativo para ajustar su plantilla y ganar en eficiencia con el acuerdo de los sindicatos. Buena prueba de que, lejos del ruido de la calle, la negociación se mantiene entre las empresas y sus empleados.
