La formación mueve anualmente cantidades en torno a los 3.000 millones de euros, que financian los cursos que organizan los sindicatos y, en parte, CEOE. Estas cantidades proceden de cotizaciones sociales, del Fondo Social Europeo y del Servicio Público de Empleo Estatal. La reforma laboral acaba con este monopolio y liberaliza la impartición de cursos, lo que permitirá a los trabajadores y a las empresas elegir los centros y academias que consideren más adecuados. El monopolio existente hasta la fecha ha dado lugar, en ocasiones, a corruptelas y utilización del reparto de éstos como instrumento de negociación con las administraciones. La falta de transparencia también ha redundado negativamente en la calidad, e incluso utilidad, de algunos de los cursos que se imparten. Aunque hay cursos de reconocido prestigio, lo cierto es que la competencia contribuirá a que se mantengan los mejores y desaparezcan los que no tienen ninguna utilidad.
Si los sindicatos quieren tener una vía de financiación impartiendo cursos de formación, podrán seguir haciéndolo en libre competencia con otras empresas especializadas, pero nunca con carácter de exclusividad y de coto cerrado. Se estima que entre el 40 y el 60% de la financiación de los sindicatos procede de la formación, unos 1.000 millones de euros al año, y no podrían sustentarse en su estructura actual sólo con el producto de la afiliación. Éste es el motivo de su oposición al fin del monopolio y es una de las causas que está detrás de la convocatoria de la próxima huelga general. Frente a estos intereses, la participación de autónomos y entidades privadas ampliará la capacidad de elección de los trabajadores.
