El Gobierno insiste en que no habrá flexibilidad con el déficit de las comunidades: el 1,5%. Los consejeros autonómicos que acudieron a la reunión con el Ejecutivo sabían que se les va a fijar el techo de gasto y preguntar por la reducción del número de empresas públicas que llevan prometiendo desde hace año y medio y no cumplen. Sin olvidar el incumplimiento que han hecho del objetivo de déficit en 2011, pues las autonomías elevaron el gasto con las elecciones de mayo y los nuevos equipos retrasaron decisiones a la espera de las generales. Y ahora no hay tiempo. El Estado les ha brindado ayuda con el alza del IRPF y el plan para pagar a proveedores. Pero no bastará.
Las comunidades reconocen que tendrán que abordar fórmulas de copago, deshacerse de empresas y televisiones y, posiblemente, bajar aún más los sueldos de sus empleados, el capítulo más abultado y difícil de aminorar. Cada comunidad debe abordar sus recortes con transparencia, para que los ciudadanos los entiendan y se erradique la idea fundada del descontrol. Sin embargo, en buena parte por culpa de las andaluzas, se echa en falta un plan de reordenación del Estado que estudie solapamientos, eficiencias, sinergias, gastos prescindibles e, incluso, devolución de competencias. El Gobierno debería haber planteado un plan de racionalización del Estado, no sólo poner un techo de gasto. Las autonomías no son inocentes, pero también a Rajoy le resulta muy cómodo dejarlas a su suerte cargando con la tijera que atacará el gasto social. Todos son Estado.
