Hace más de año y medio, las autonomías se comprometieron a cerrar 500 empresas y entes públicos. El pasado enero sólo se había cumplido un 13% del acuerdo, con la supresión de 69. El Gobierno va a pedir explicaciones, y con ese propósito se adelantará el Consejo de Política Fiscal. El tiempo corre en contra de las comunidades, que tienen hasta fin de año para reorganizar unos organismos engordados año tras año y que, en muchos casos, no revisten funciones esenciales.
A favor juega que el Gobierno y la mayoría de las regiones comparten color político y será más fácil imponer la disciplina. Tanto Moncloa como Bruselas saben que el papel de las autonomías es esencial para cumplir con el déficit, sobre todo porque controlan el mayor gasto: los servicios públicos.
