La UE, el FMI y el BCE aprobaron ayer el segundo plan de rescate de Grecia valorado en 130.000 euros. El programa consiste en reducir de aquí a 2020 la relación de deuda sobre el PIB desde el 160 por ciento actual hasta un 120 por ciento, unos niveles considerados más manejables. A partir de ahí, la economía helena puede empezar a tirar... ¿Seguro?
Esta vez, el diseño del flotador se antoja bastante más racional. Los intereses se han rebajado sustancialmente y hay un mayor énfasis en la importancia de unas reformas que brinden el crecimiento. Además, los prestamistas monitorizarán la marcha de los ajustes y la adopción de nuevas normativas. Por si acaso, el dinero irá a través de una cuenta cuyos fondos sólo se podrán destinar a la devolución de la deuda, algo que deberá ser plasmado en la Constitución.
Aun así, al maratón griego todavía le queda un recorrido muy accidentado y plagado de obstáculos. Casi a la vez que se anunció el acuerdo de ayuda, se filtró un informe interno de la Troika que explicaba un posible escenario en el que el plan se derrumbaba y la deuda permanecía en el 160 por ciento del PIB después del salvamento.
La idea es que el país se devalúe internamente gracias a un paquete de reformas y recortes. Sin embargo, este combinado puede continuar presionando la economía griega a la baja mientras la deuda sigue acumulándose y, por tanto, terminar convirtiéndose en un auténtico Tourmalet imposible de escalar. A su vez, la fragilidad de la clase dirigente puede impedir que se apliquen con la rotundidad suficiente las medidas, y en ese momento la fatiga con las reformas y la falta de perspectivas positivas pueden precipitarse y explotar. Máxime cuando el país tiene elecciones en abril y los dos principales partidos aún pueden perder muchos apoyos en las urnas.
Por otro lado, las condiciones preferentes de los financiadores oficiales hacen harto improbable que los inversores alguna vez retornen a Grecia. Y hay un tercio de los acreedores privados que no estaban representados por el Instituto Internacional de Finanzas, el lobby bancario que ha negociado la quita del 75 por ciento del valor actual a los privados. Éstos han preferido asegurarse el cobro del 25 por ciento de su inversión y alejar la posibilidad de una quiebra desordenada. Sin embargo, el resto puede resistirse, y eso obligaría a que los griegos apliquen cláusulas de acción colectiva con carácter retroactivo, lo que equivaldría a un default impuesto, activaría los seguros de impago o CDS y podría generalizar las pérdidas. En principio, este riesgo está cada vez más previsto y por tanto gestionado. Incluso es posible que sea mucho peor la opción de no accionarlos, puesto que entonces todos los inversores se plantearían para qué sirven sus coberturas con CDS y venderían sus activos soberanos en una oleada de contagio al resto de periféricos mucho más virulenta.
A falta de un cortafuegos suficiente o de que la periferia vuelva a crecer, Europa ha decidido duplicar su apuesta en Grecia y mantenerla dentro del euro para que no se extienda el contagio. Pero hace falta que se condone más deuda, aquélla de los acreedores oficiales, para que de verdad Atenas tenga una oportunidad de rehacerse en el marco de la Eurozona. Esto ocurrirá conforme se compruebe que el rescate una vez más no es suficiente. Otra cosa distinta es que los helenos sean capaces de aguantar la medicina. Por eso, hace falta que la UE relaje el ritmo de ajuste en Grecia y complemente este amargo brebaje con fondos destinados a la inversión. La estrategia para restaurar la salud de la economía griega precisa un mayor enfoque en el crecimiento.
