La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció ayer que la reforma laboral que el Gobierno aprobará el viernes será "concreta y equilibrada". Es importante discernir de qué equilibrio se habla. Si, como adelantó elEconomista, se establece un despido de 33 días con carácter general, y de 20 días por causas objetivas, se cometería un grave error y no se acabaría con la dualidad del mercado de trabajo.
Existen varios riesgos dentro de este esquema. Si la indemnización de 45 días sigue conviviendo para los nuevos contratos con la de 33, ya se ha podido comprobar que este modelo no funciona.
Tampoco es desdeñable el peligro que entrañaría la indemnización de 20 días por causas económicas, pues todavía dependería de las resoluciones judiciales. El resultado sería un encarecimiento de los procesos de ajuste de la plantilla al tener que abonar los salarios de tramitación a la espera del fallo, lo que llevaría a las empresas a optar por los 33. Con estos mimbres tendríamos una reforma fútil, que mantendría a los indefinidos superprotegidos e inflexibles a las necesidades de las empresas. La reforma fomentará el contrato de trabajo a tiempo parcial como vía de incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Para que este tipo de contratación sea atractiva, es preciso bajar su carga de cotización. El Gobierno debe obviar elementos circunstanciales, como las próximas elecciones andaluzas, y no desgastarse en el inútil empeño de querer contentar a todos. Los mercados nos juzgarán por la contundencia y efectividad de esta reforma, esencial para facilitar la contratación y eliminar los desequilibrios de nuestro mercado laboral.