El Gobierno prepara una reforma laboral más dura de lo inicialmente planteado. Al final, los miembros del Gabinete partidarios de que la indemnización por despido se quede en los 33 días por año trabajado han perdido la partida ante las presiones de Europa y los datos de desempleo.
Rajoy presiona para que el coste generalizado del despido se rebaje a los 20 días. Y eso piensa lograrlo simplemente aplicando la legislación vigente. ¿Cómo? Pues ampliando y justificando mucho más la letra del despido por causas económicas, de modo que los tribunales lo acepten y de ordinario se paguen esos 20 días contemplados en la ley.
Esta medida no será retroactiva y representa un paso importante para acabar con la dualidad del mercado laboral español. Ésa que hace que los despidos se concentren en los temporales porque resulta barato echarlos mientras los indefinidos blindan sus salarios y condiciones de trabajo.
Así se evitaría prescindir de un empleado sólo porque va a adquirir los 45 días. Y eso que en la mayoría de los casos ya no se abonan esas elevadas compensaciones.
Ello debe acompañarse de una reforma de la negociación colectiva, el otro elemento de rigidez de nuestro mercado de trabajo. El Gobierno debería desbaratar el acuerdo alcanzado por la patronal y los sindicatos para perpetuar su actual estructura de convenios laborales. Justo de lo que ambas organizaciones viven y lo que dificulta enormemente que empresario y trabajadores negocien directamente una flexibilidad que puede evitar despidos.