La reforma financiera no será tan contundente como se esperaba y hay dudas sobre si será eficaz. Economía parece haberse embarcado en la empresa de un saneamiento generalizado y rápido, como si las provisiones por sí solas fueran el remedio para los males del sector. En realidad, la cuestión no es tan simple. Es cierto que un nivel prudente de dotaciones ayuda a purgar los balances de las entidades, además de limitar el riesgo de pérdidas inesperadas, pero el Gobierno ha decidido basar la reforma en su elevación sin constatar si todas y cada una de ellas cumplen escrupulosamente con los requerimientos actuales.
La exigencia de más provisiones a todas es castigar más, de nuevo, a las entidades más cumplidoras respecto a las amantes de la contabilidad creativa. Pero aún es más preocupante que la clave para decidir si una entidad está en apuros dependa de que pueda cubrir a pulmón con las nuevas condiciones. Lo esencial es si esa entidad es capaz o no de generar ingresos. Buena parte del margen de intereses de algunos grupos está artificialmente hinchado a fuerza de refinanciaciones. Si un banco no es capaz de ser rentable debe caer. Y si es pronto, aún mejor. No se puede correr el riesgo de que éstas se mantengan a golpe de fusiones o de ayudas del Frob, con unas ratios de capital excelentes y cargados de provisiones, pero sin capacidad para generar suficientes ingresos. La esperanza de esta reforma consiste en que fusionados ganen acceso al mercado. Pero que un grupo bancario sea más grande no le abrirá la financiación y, por supuesto, tampoco le pondrá en disposición de dar créditos. Sólo representarán un problema mayor.
