La proliferación de empresas públicas en la Administración periférica viene siendo un germen de fraude que al fin un Gobierno, el de Rajoy, se dispone a combatir. Las cifras son elocuentes. Según un estudio de la consultora Freemarket, los 5.200 entes autonómicos y locales acumulan una deuda oculta cercana a los 27.000 millones de euros que no computa en los Presupuestos de las Administraciones. Esta maraña de organismos públicos, inmersos en un sistema sin incentivos al control del gasto y el endeudamiento, acumula compromisos cercanos al 2,5% del PIB.
Pero los sucesivos dirigentes autonómicos y locales los han creado y mantenido para sortear los topes de endeudamiento evadiendo su deuda de las cifras oficiales; para crear empleo, incluso por consideraciones de clientelismo político; y financiarse extramercado por la vía del impago a proveedores, oscureciendo aún más cualquier intento de estimación de sus débitos. Esta deriva debe detenerse. El informe indica que alrededor del 90% de las empresas públicas se encuentra en una situación financiera de suspensión de pagos, lo que añade presión sobre los números rojos territoriales. De momento, el Ejecutivo se dispone a liquidar 400 de estas entidades y a pedir datos normalizados de sus cuentas y plantillas. La poda tendrá un coste, pero es necesaria. Es un primer paso en la dirección correcta, pero debe intensificarse hasta limpiar toda esta retícula de fugas, ineficiencias y desviaciones o de poco servirá el mayor control sobre las cuentas autonómicas y locales.
