El Gobierno ha propuesto que los gestores públicos que incumplan con los Presupuestos a sabiendas puedan ser juzgados. Esto no incluirá un desvío imprevisto. Y si ya es complicado lograr que los implicados en corrupción sean condenados, aún más difícil será castigar esta práctica. De ordinario, el interventor debería controlar las partidas. Sin embargo, gracias a sociedades anexas y a las facturas ocultas en cajones, las administraciones han podido gastar por encima de lo que tenían de cara a las elecciones. Tal despilfarro exige que haya una depuración de responsabilidades incluso penales. Hay que modificar la legislación para que se aplique como si fuese una empresa en concurso. Si el PP afirma que la nueva ley no tendrá carácter retroactivo... ¿acaso protege a alguno de los suyos?
