El Gobierno está determinado a lidiar con el problema de las Comunidades Autónomas. Pero antes de nada, ha pedido que haya claridad en las cuentas, es decir, conocer con exactitud todo lo que deben. De este modo, podrá abrir una línea de liquidez con el ICO que financie a las autonomías para que éstas puedan hacer frente a las facturas que adeudan. Se trata de aliviar una cadena de impagos iniciada en la Administración que está dañando la economía real. Y así se podrán evitar las constantes apelaciones que hacen ahora las autonomías a los mercados y bancos en busca de crédito, algo que causa mala imagen en el exterior.
Además, la utilización del ICO podría conseguir un mayor control de las cuentas, al requerir la autorización del préstamo que se explicite su destino final. A esto se añade que el Gobierno librará unos 8.600 millones que tenían comprometidas las CCAA en 2010 y anticipos de hasta el 50% de las cantidades a percibir en julio. ¿Significa esto que volverán a pedir dinero a mediados de año? ¿Y de verdad el ICO será capaz de atender estas necesidades con su falta de recursos técnicos y humanos y cuando sale tan caro recabar la financiación?
Este conjunto de medidas palia las dificultades, pero no arregla el problema de fondo: la insolvencia de las autonomías. Para ello, el Gobierno dará un buen paso aprobando, por un lado, un techo de gasto para 2012 y, por otro, estableciendo un mecanismo más transparente y con sanciones. Sin embargo, le falta replantear todo el sistema autonómico para que éste verdaderamente se ajuste a sus posibilidades.
