Al presidente de la Junta de Andalucía parece no haberle bastado con el escándalo de los ERE. Al calor de su reforma del sector público, trataba de colar empleo público por la puerta trasera. Los jueces están tumbando esa reordenación que el Ejecutivo de Griñán impulsó en julio de 2010. La supresión de entes públicos y su integración en agencias escondía la transformación en empleado público de 20.000 trabajadores nombrados en su mayoría por consideraciones personales o de militancia política o sindical, y no por superar las pruebas que requiere el puesto. Casi la mitad de los empleados afectados están ahora en un limbo legal. Su traslado está suspendido. Pero no lo está el de la intención de voto para el 25-M, que por primera vez podría otorgar Andalucía al PP.
