El Gobierno se plantea respaldar la deuda a las comunidades que cumplan con el déficit justo después de haber anunciado que éstas se han desviado en 15.000 millones. Tal iniciativa se interpreta como un guiño a las pretensiones de CiU de tener emisiones de bonos con la garantía del Estado y se brindará a cambio de que el Ejecutivo central tenga un control previo de las cuentas regionales.
Este modelo es similar al que Alemania está aplicando a los propios Estados miembros y parece coherente que también se emplee para el resto de Administraciones, sobre todo cuando además entrañan un riesgo para el rating del Reino de España. De hecho, en el caso de comunidades como Valencia esta intervención desde Madrid ya está sucediendo.
Se debería profundizar en este esquema dejando claro en la redacción de la nueva ley presupuestaria que sólo se aceptará el déficit cero para las CCAA. Otro punto esencial consiste en la escasa transparencia de los datos de las comunidades, no sólo para que los maneje de forma actualizada el Gobierno central, sino también por la sucesión de escándalos autonómicos respecto a la prodigalidad en el uso de fondos. Y esta transparencia se debe exhibir ante la ciudadanía. Los españoles deben conocer con exactitud cuáles son los gastos, de modo que se pueda debatir abiertamente qué partidas prefieren mantener. Porque aunque es cierto que la mayor parte del Presupuesto se concentra en educación y sanidad, las televisiones ocupan una parte considerable. Por último, hay que revisar las ineficiencias del sistema e incluso estudiar la devolución de competencias. Un debate racional debe dar comienzo.