El Gobierno había concedido hasta el 13 de enero a patronal y sindicatos para que acordasen una reforma laboral. Sin embargo, UGT y CCOO argumentan que no hay nada de malo en un marco regulatorio que generó 5 millones de empleos durante la bonanza. Y por ello se niegan a cualquier cambio de importancia respecto a los contenidos esenciales, esto es: los costes del despido; los convenios de empresa que ordenan salarios y jornadas, que en su opinión deben seguir teniendo el permiso sectorial; y la flexibilidad interna. Sólo abren la puerta a que haya cierta moderación salarial durante un lapso temporal, nada de ligarlo a ganancias en la productividad.
¿Pero qué concesión es ésta? ¿Acaso alguien esperaba una subida de sueldo con la que está cayendo? De modo que ahora le toca el turno a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, quien tendrá que actuar por decreto. El problema estriba en que parece que el Ejecutivo le está dando más importancia a la flexibilidad y a los convenios que a los costes del despido. Y eso sería un terrible error. Nunca habrá una negociación genuina en las empresas mientras los indefinidos se encuentren protegidos por sus elevadas indemnizaciones por despido y sepan que antes se echará a los temporales. Así siempre preferirán el recorte de plantilla a las modificaciones de sus sueldos o condiciones, y justo eso ha provocado que en España los ajustes en el empleo se hayan producido vía cantidades y no vía sueldos. De ahí que haya que pedirle a Báñez mano dura y que contemple una rebaja sustancial del coste del despido y la clarificación de sus causas para que en el caso del procedente pueda defenderse ante los tribunales.