Uno de los más exigentes desafíos que encara el nuevo Gobierno del PP es el de reconducir la política energética, tras una gestión socialista errática que no hizo sino dar señales equívocas al mercado y engrosar el déficit de tarifa eléctrica y su carga financiera. Pero no parece que el sucesor de Sebastián en la cartera de Industria, José Manuel Soria, haya empezado con buen pie. Siguiendo la senda pactada en el traspaso de poderes y viendo que la cuesta de enero de 2012 va a durar todo el año, el Ejecutivo popular ha prácticamente congelado la tarifa del gas, que sólo subirá un 0,5% (unos 57 céntimos al mes) para los consumidores de último recurso, con lo que no se cubren los costes y se alimenta un nuevo déficit tarifario.
Vistos los nefastos resultados aún no conjurados que ha dado esta política en el ámbito eléctrico, resulta flagrante propiciar que se vuelva a tropezar con la misma piedra, con el lastre que supone para la competitividad de nuestras empresas ese débito que los clientes mantienen con ellas.
Además, antes o después, el consumidor habrá de sufragar a través de la factura ese desajuste, que en 2012 asciende a 345 millones de euros. Los populares deberían hacer caso de la CNE, como exigieron en su día al Gabinete de Zapatero. No en vano, el regulador advierte de nuevo sobre los riesgos que supone generar nuevos desfases. Soria debe dar estabilidad y responsabilizarse con una política de precios que no genere costes a futuro. Y debe hacerlo cuanto antes, para que ni empresas ni consumidores se llamen a engaño.