El tercer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo había generado mucha expectación, pero al final defraudó. Se esperaba un nuevo paquete de medidas contundentes que completara el alza impositiva y el resto de iniciativas anunciadas una semana antes, pero ayer el nuevo Gobierno bajó el pistón. Sólo anunció líneas de acción, sin apenas desglose numérico ni detalle de la articulación con que prevé implementarlas.
Se anticipó sin concretar fechas el nacimiento de un plan antifraude que limitará el uso de efectivo, entre otras medidas. Y pese a la incertidumbre que aqueja al sector financiero, en este ámbito el Ejecutivo sólo desgranó su intención de limitar y exigir información sobre las retribuciones de los gestores de las cajas de ahorros rescatadas, para lo que solicitará un informe del Banco de España. Así pues, habrá que esperar (más) para saber con qué esquema se piensa combatir la exposición bancaria al ladrillo y gestionar los activos dañados. Además, uno de los proyectos del Gabinete de Rajoy, el de que las Cuentas autonómicas precisen el visto bueno estatal, ha incendiado los ánimos en el País Vasco y Cataluña cuando no tomará forma normativa hasta marzo y, por tanto, aún no se ignora cómo se incorporará a nuestro ordenamiento jurídico. A todo esto hay que añadir que la acertada idea de suprimir organismos, fundaciones y consorcios públicos autonómicos se empieza a dejar en manos del babélico Consejo de Política Fiscal y Financiera. Después de un alza de impuestos que sí se explicó, los proyectos anunciados ayer traslucen demasiada indefinición, la cual impide evaluar su idoneidad o calcular sus efectos.