Comienza un nuevo año, pero prosiguen los problemas que arrastra el sector financiero. Se resumen en un fardo de incertidumbre procedente de la carestía de la financiación, el estrechamiento de los márgenes, la necesidad de cumplir con los más exigentes requerimientos de la Autoridad Bancaria Europea y el azote de la crisis de deuda soberana, pese al auxilio del BCE. Ayer, Unicredit anunciaba un descuento del 43% para poder llevar a cabo la ampliación de capital de 7.300 millones que precisa para reforzarse y dar la talla ante la EBA.
Las bolsas, especialmente la española, acusaron el golpe de esta muestra de debilidad, revelando la triste asunción de que otros bancos podrían seguir la senda de la institución italiana. Para evitar esa tesitura, la banca española trata de soslayar el recurso a ampliaciones de capital cuyo perfil pueda recibir el castigo del mercado, y la hoja de ruta de nuestras entidades para captar capital pasa de la conversión de preferentes al pago del dividendo en acciones y la venta de activos.
Con este panorama, resulta positivo el bálsamo que el Gobierno popular ha dado en España a las entidades financieras y las inmobiliarias al prorrogar seis meses más la valoración que tienen anotada en sus balances de los terrenos etiquetados como suelo urbanizable. El Ejecutivo gana tiempo para definir las medidas que tomará sobre el sector y evita a las entidades divergencias contables que, pese a las coberturas que tengan dotadas, no harían sino complicar el vía crucis por el que atraviesan nuestros bancos y cajas y dificultar la reactivación del crédito que necesita el tejido productivo para contrarrestar los vientos de recesión.