Otro nefasto legado socialista: las cuentas de la Seguridad Social comienzan a teñirse de rojo. Es una alarmante consecuencia de la aguda crisis económica por la que atraviesa España y de su brutal impacto en el empleo. El sistema sigue perdiendo cotizantes. Los afiliados a la Seguridad Social, que han de sostener a 8,8 millones de pensionistas, apenas rebasan los 17 millones. A falta de los datos definitivos de cierre de 2011, se estima que el agujero podría alcanzar el 0,2 por ciento del PIB.
De momento, la tabla de salvación que ha impedido un desfase mayor han sido los intereses del Fondo de Reserva, invertido en su mayor parte en deuda española. Es el momento de atajar esta deriva, no sólo por el drama de los cinco millones de parados, sino para evitar problemas de liquidez. Esperan meses duros y la mejora de la actividad, cuando se produzca, se trasladará con retardo al empleo. Es uno de los males de nuestro rígido mercado laboral. Cuando el PIB cae, se destruyen puestos de trabajo rápida e intensamente, y cuando la actividad se recupera, la respuesta es más lenta y diferida. Por eso se torna urgente una reforma del sistema de relaciones laborales seria e integral, que aborde con aplomo los puntos más espinosos, como el coste del despido, y elimine los frenos a la contratación.
Báñez afronta jornadas decisivas: el próximo sábado expira el plazo brindado a los agentes sociales para acercar posturas. Aunque es deseable el mayor consenso posible, la ministra de Empleo habrá de actuar si no se alcanza. Los pensionistas y los desempleados necesitan medidas contundentes y rápidas, porque ya se ha perdido demasiado tiempo.