Urdangarin cerró en junio de 2010 la sociedad británica que usó para desviar capitales. Tal paso puede indicar que ya se tenía conocimiento de sus prácticas y se habrían empezado a tomar medidas como enviarlo a EEUU en 2009. Pero esto debería haber ido acompañado de más. En primer lugar, ¿por qué no renuncia a sus ganancias? Y aunque el Rey ahora afirme que deba ser juzgado, parece que el problema se dejó correr durante demasiado tiempo y que contó con la connivencia de organismos públicos. ¿Cómo si no se justifica el patrimonio que ha ido acumulando Urdangarin? De ahí que nos parezca más apropiado que, junto a una ley que brinde mayor transparencia, se apruebe un órgano fiscalizador de las cuentas y actividades financieras de la Casa Real.
