El Gobierno se plantea gravar en el IRPF la parte de las indemnizaciones por despido que supere los 20 días. Éste era el tratamiento fiscal que recibían los ERE, hasta que Zapatero, en un guiño a los sindicatos, igualó a todos para que sólo contribuyesen a partir de los 45 días. Sin embargo, ahora que se estudia una reducción de la media real de los costes del despido, parece una medida lógica que se recaude de aquellos que reciban una mayor compensación.
En parte, se persigue un fin recaudatorio que, al tratarse de un ingreso extraordinario, tendría un menor efecto sobre la actividad. Pero además se espera que así se desincentiven las indemnizaciones de 45 días, aunque también es cierto que a veces podrá causar un impacto negativo sobre las empresas si los sindicatos, conscientes de que al final el trabajador obtendrá menos, intentan por ello negociar al alza.
Tal iniciativa se enmarca en una reforma laboral que debe aspirar a liberalizar un mercado inflexible y que distribuye mal las cargas: unos con unas indemnizaciones muy caras; y otros en el paro o sin apenas indemnización. Pese a que esta reforma no vaya a brindar enseguida la creación de empleo, y menos cuando, tal y como De Guindos confirmó ayer, la economía volverá entrar en recesión y eso obligará al Ejecutivo a cambiar sus previsiones y por tanto elevar unos recortes que tendrán efectos recesivos. Pero al menos se busca fomentar la competitividad, el apellido ahora del Ministerio de Economía, y acabar con unas estructuras que impiden la adaptación de nuestro país a la coyuntura con un mejor reparto de los padecimientos.
