El ajuste de Cataluña viene marcando la senda por la que habrán de transitar el resto de CCAA, y sus nuevas medidas anticipan el perfil de otras que hayan de tomarse en el Estado y la Administración Central. La merma del Presupuesto prevista por la Generalitat es del 5,9%, y algunas de las novedades son el cobro de un euro por cada receta, para moderar el recurso excesivo a las prescripciones, una tasa de entre 1 y 3 euros por pernoctar en hoteles o un canon para el uso doméstico del agua. Ello unido a la rebaja de la nómina del sector público catalán, por el alza de horas trabajadas y las mermas salariales, así como la reducción de 800 puestos de trabajo en la Administración hacen posible pensar que el Govern pueda cerrar 2012 con un saldo negativo del 1,3%.
El proceso catalán de racionalización de las cuentas públicas es fruto del consenso entre CiU y el PP y sus primeros pasos en forma de duros recortes no fueron castigados por las urnas el pasado 20-N, síntoma que habrán de anotar otras regiones sedientas de equilibrio en las cuentas. En esta fase, el hincapié del Gobierno de Artur Mas no incide ya sólo en el control exhaustivo en los gastos, sino que también se vuelca en el lado de los ingresos para nivelar la balanza, pese a que será difícil y oneroso recaudar más que en 2011. Es la forma de reconducir el desfase y la desbocada deuda que ha ido metabolizando. Asumida ya la austeridad por la ciudadanía como sacrificio necesario, se torna procedente que la Generalitat trate de elevar sus ingresos propios con medidas que conciencian al contribuyente del fin del disfrute ilimitado de servicios cuyo coste no percibía.
