Con la excepción de que actualizaría las pensiones, prometió que se revisará cada partida para cumplir con los criterios de déficit y deuda pública establecidos en la UE. Basados en las cifras del Gobierno socialista, anunció el recorte esperado de 16.500 millones, una empresa que no se antoja fácil si se tiene en cuenta que las prestaciones por desempleo y los costes de financiación abarcan una buena parte de los gastos y que el anterior Ejecutivo ya aplicó el tijeretazo más fácil, el de paralizar inversiones. Sin embargo, es posible que las previsiones de crecimiento no se cumplan y que se encuentren desvíos en las cuentas. Por ello, parece que los populares se van a limitar a aprobar el Presupuesto heredado con un recorte general del 8 por ciento. Y que conforme comprueben el estado de las arcas, ejecuten un nuevo ajuste, probablemente antes de junio. Rajoy explicó que se concentrará en el redimensionamiento de las Administraciones ?enseguida los nacionalistas le acusaron de querer abatir el Estado autonómico? y la racionalización de sus recursos materiales y humanos, incluyendo las televisiones públicas y los subsidios. Sin embargo, el líder popular no mencionó nada del sistema del bienestar y la reforma que se precisa de éste para que seamos más competitivos.
El inconveniente de una tala por valor superior a los 16.500 millones es que conllevará en un primer momento una recaída muy sustancial de la actividad. Y debido a esto resulta esencial la otra reforma que adelantó Rajoy, la del sector financiero. El crédito está estrangulado y la reestructuración bancaria provocará un cierre de la financiación aún mayor que puede que el PP no haya considerado en su justa medida. Se antoja fundamental que se lleve a cabo de la manera más exhaustiva para que recuperemos cuanto antes la capacidad de préstamo de la banca. Rajoy anunció que se forzará la venta de los activos inmuebles terminados. Algo que requiere que se aumenten las provisiones exigidas, de modo que el precio caiga a niveles más acordes con la coyuntura y que las entidades prefieran venderlos a aguantarlos en sus balances. Si se ejecuta bien, podría rebajar precios y reactivar el mercado de la vivienda. ¿Pero qué se hará con los bienes menos líquidos? Rajoy quiere que se valoren de forma prudente. Y eso bien podría casar con el modelo alemán de banco malo, lo que implica una suerte de sociedad externa a la que se traspasarían los activos. Ese banco malo permitiría ir reconociendo la pérdida poco a poco y fuera de la más estricta regulación financiera. La buena noticia de ayer a este respecto consistía en que se dará más peso a la labor técnica de los inspectores del Banco de España. La mala es que este esquema puede no depurar lo suficiente el sistema financiero.
Además, propuso una serie de medidas para favorecer a los emprendedores, sobre todo de carácter fiscal; y reformas de la educación, para dejar de estar a la cola de Europa; de un modelo energético basado en las primas; y de toda la regulación, para que sea menor y más eficiente. En definitiva, el discurso anuncia un camino de duros ajustes cuyo contenido se intuye, pero cuyo desarrollo se enfrentará a múltiples riesgos.
