Patronal y sindicatos acercan posturas y podrían suscribir algunos acuerdos que presentar al Gobierno. El hecho de que por fin haya un Ejecutivo dispuesto a legislar por su cuenta y riesgo obliga a los agentes a aplicarse. Aunque no todos lo hagan igual, pues se vislumbran diferencias entre UGT, entregada a la política, y CCOO, más independiente y dialogante.
Los interlocutores sociales podrían suscribir que se acabe la prórroga automática de los convenios colectivos a cambio de que en esos casos se recurra a un arbitraje. Éste era un elemento de rigidez en las empresas, ya que cuando no había un pacto seguía en vigor el convenio y, por tanto, no había incentivo para firmar uno nuevo. Ésta ha sido una de las fuerzas de los sindicatos y por ello habrá que examinar la letra pequeña. Amén de las dudas que presentaría un largo y por consiguiente inefectivo proceso de mediación. También se discute que los salarios se vinculen a la productividad y dejen de ligarse al IPC. Ahí lo más importante es que de verdad se introduzca tal principio en la cultura, pues los negociadores particulares siempre lo pueden ignorar. Además, se debate la rebaja del coste del despido para las nuevas contrataciones hasta los 20 días, una cifra más racional, que lastraría menos a las compañías y que no supondría una protección tan exagerada de trabajadores improductivos. Respecto a la propuesta de minitrabajos por 400 euros, éstos quizá debiesen complementarse con el subsidio de paro para que no sean tan precarios. Se dan retoques en la buena dirección, pero distan de la liberalización que se precisa del mercado laboral para que éste se ajuste de forma más eficiente.
