La jibarización del gasto autonómico tiene en las televisiones públicas el máximo exponente. Su supervivencia debe depender de la calidad y utilidad de sus contenidos y no de una carrera alocada por la cuota de pantalla ofreciendo productos propios de las privadas. Su eventual privatización no provocaría el interés de casi nadie y el control de sus costes debe colocarlas en su verdadero share.
Los bancos de inversión apuntan que la desaparición de las televisiones autonómicas mejoraría entre una cuarta y una quinta parte el beneficio bruto de las cotizadas. Incluso con sus pérdidas y en el momento de ajuste que vivimos, su desahucio no parece real, pero favorecería a sus competidores en el libre mercado puesto que sin la competencia del derroche público éstos serán capaces de optimizar sus cuentas.
