En el marco de la estrategia de reconducción presupuestaria que preconizan los líderes europeos, la UE prepara una reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se trata de contribuir al alivio de los actuales desfases fiscales y de sentar las bases para esquivarlos en el futuro.
La Comisión Europea busca elevar la recaudación por este impuesto indirecto, no necesariamente elevando los tipos, sino limitando la casuística de los reducidos y ampliando las bases imponibles, al tiempo que contempla reducir la carga burocrática que esta figura supone a las empresas.
En definitiva, Bruselas busca avances en la armonización del tributo. Y en este punto, España saldría mal parada. Incluso tras la subida operada en 2010, sigue siendo uno de los países con el IVA más bajo. Así que el Gobierno de Mariano Rajoy, nada más tomar posesión y averiguar el estado real de las cuentas, habrá de enfrentarse a la creciente presión europea sobre el IVA español.
Nuestro déficit no está para desoír avisos, pero habrá de aquilatarse muy bien el impacto que el alza pueda tener a corto, medio y largo plazo en la recaudación, en el consumo o en los márgenes empresariales. En cualquier caso, definida la hoja de ruta de la austeridad y endurecido el ajuste de gastos, lo siguiente son los impuestos, y el IVA es de los que más rápidamente surte efectos en caja ante una elevación. Ahora bien, la meta ulterior de la política económica ha de ser el regreso a un crecimiento sólido, algo a lo que contribuiría la compensación del alza del tributo con una bajada de cotizaciones.
