Para tratarse de un Estado cuya financiación viene sostenida por unas polémicas compras del BCE, el Gobierno español se lo está tomando con demasiada calma. En el último Consejo de Ministros presentó un ajuste adicional valorado en 5.000 millones, sin embargo, la mitad se extraía de un anticipo del Impuesto de Sociedades, es decir, de quitarse fondos para el año que viene.
Y también ha dejado para el siguiente Ejecutivo la difícil labor de embridar las cuentas de las comunidades autónomas, una de las fuentes de incertidumbre que el mercado nos echa una y otra vez en cara. Aunque sea cierto que nuestros niveles de deuda actuales son sostenibles y que las autonomías no pesan tanto sobre el endeudamiento total de España, lo que no resulta sostenible es el desfase estructural que existe entre los ingresos y los devengos en las cuentas, esto es, el déficit. Y hay que ajustarlo precisamente en una Administración muy ramificada y descentralizada. No obstante, cada vez son más los gobiernos autonómicos que anuncian que no cumplirán con el déficit impuesto del 1,3 por ciento del PIB. Cinco comunidades -Aragón, Cantabria, Cataluña, Baleares y Castilla-La Mancha- ya han confirmado que sobrepasarán el límite al gasto, y muy probablemente se sumen más, entre ellas Murcia, Valencia y Extremadura. Zapatero debería plantear ya un sistema de financiación definitivo, acorde a los ingresos y no abierto a más y más peticiones de fondos. Si no se puede costear, hay que replantearse el nivel de servicios que se ofrece. Pero parece que el presidente quiere dejar esa responsabilidad al próximo inquilino de La Moncloa...
