Con la clausura ha reforzado su liderazgo en el PP, pero ha irritado a muchos alcaldes. No está claro el efecto electoral de la decisión y sus enemigos aprovechan la situación para atacarle.
Alberto Fabra comprobó el pasado miércoles en Xàtiva (Valencia) el alcance social del cierre de Canal 9. El centro del municipio del que es alcalde el líder provincial del PP y presidente de la Diputación, Alfonso Rus, estaba tomado por la Policía para evitar que los trabajadores de RTVV repitieran el acoso a Fabra del día anterior.
Con la tranquilidad de tener a los manifestantes a 50 metros, la comitiva presidencial recorría una calle cuando un coro de voces infantiles le sorprendió desde el patio del colegio contiguo: "Que torne Canal 9, que torne Canal 9" (que vuelva Canal 9).
¿Aleccionaron a los niños?
La reacción de la Generalitat fue abrir una investigación para ver si alguien había aleccionado a los niños. Fue un error del Ejecutivo en la gestión de la crisis. El tipo de errores que empañan el hecho de que la decisión, por dura y dolorosa que fuera, estaba razonada en priorizar en qué debe gastarse el dinero la Generalitat. Es el coste de afrontar medidas que se sabe que son impopulares.
Canal 9 tenía una deuda de 1.200 millones y resultaba ya una carga demasiado pesada. El Gobierno de Fabra tuvo que apostar por el cierre para no tener que recotar en hospitales, tal y como indicó el propio presidente, de modo que dejar de emitir supusiera un coste más limitado de 70 millones. Con esta medida, la Generalitat avanza en la reducción del déficit.
El impacto electoral del cierre de RTVV no está claro. Tampoco qué consecuencias internas tendrá en el PP, después de que Fabra se proclamase candidato para 2015 días antes de anunciar la medida, sin que ni Cospedal ni Rajoy le respaldasen. Pero paradójicamente, la firmeza de su decisión en Canal 9 ha reforzado su liderazgo en una organización regional que continúa siendo un hervidero.
A esta complicada situación se suman las delicadas encuestas. Ni con un hipotético pacto con UPyD conseguiría superar la suma de PSPV, Compromís y Esquerra Unida, que pueden aliarse en un tripartito para cambiar el signo de la Generalitat. La situación demuestra que lo de Canal 9 es un problema menor al lado del presupuestario que tiene el Gobierno valenciano. La pérdida de votos y la mayoría de las manifestaciones no son por la televisión, vienen de antes, de cuatro años de recortes e impagos. La incógnita es hasta qué punto esto puede agravarlo.
Una decisión arriesgada
El presidente valenciano tomó el 5 de noviembre una decisión arriesgada con la que no están de acuerdo muchos votantes y militantes de su partido. El PP ha cerrado filas -solo una diputada popular, extrabajadora de Canal 9, dimitió "por motivos personales" el día 13-, pero el malestar es patente en el partido, sobre todo entre los alcaldes.
Las cámaras de Canal 9 recorrían los pueblos y, aunque fue una televisión nada ejemplar en muchas facetas, sí cumplió la función de vertebración territorial. El propio Rus y la alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, dejaron claro en las Corts que votaban a favor del cierre por disciplina de partido, olvidándose de la situación presupuestaria que atraviesa la Comunidad.
Tampoco es un secreto que el Ejecutivo, donde hay cuatro exalcaldes, sin contar a Fabra, se dividió el día que el presidente tomó la decisión en solitario. Seis días antes, su número dos en el partido y consejero de Gobernación, Serafín Castellano, había dicho que Canal 9 "ni debe ni puede desaparecer". El presidente de la Asociación Valenciana de Politólogos (Avapol), José Luis Sahuquillo, opina que "la ciudadanía se va a olvidar dentro de seis o siete meses, como mucho un año", por lo que no tendrá consecuencias en las elecciones de mayo de 2015.
Olvido rápido
La necesidad de un olvido rápido y unos informativos cada día más críticos con la Generalitat explican las prisas por cortar las emisiones, renunciando a los ingresos publicitarios de Navidad, a pesar de que la plantilla no será despedida hasta finales de enero, como pronto. Los 1.650 trabajadores están, hasta entonces, de permiso retribuido -cuesta 200.000 euros diarios- y varios centenares emplean su tiempo en acudir a los actos públicos de Fabra para insultarle.
No obstante, estos incidentes podrían reforzarle de cara a su electorado, porque se enfrenta a los sindicatos. "Esto lo mueven trabajadores que están de vacaciones retribuidas, pero cuando tengan que buscar trabajo, se olvidará", dice Sahuquillo.
Otro factor que puede afectar a las expectativas electorales de Fabra es la gestión de la crisis. Quien más se ha expuesto es el vicepresidente y portavoz, José Císcar, al que muchos sitúan fuera del Ejecutivo a corto plazo. Por ello, la oposición trata de poner el foco en Fabra.
El grito más oído desde que se cortaron las emisiones es "¡Fabra, dimisión!", y los líderes de la oposición, que se colaron por una ventana en Canal 9 para protagonizar las últimas horas, no dejan de pedir elecciones anticipadas, a las que Fabra ya se ha negado y ha reiterado que serán en 2015.
Canal 9 ¿sustituido por teletienda?
