BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea declaró hoy "incompatibles" con las normas del mercado común unas ayudas públicas que Francia concedió al sector de las frutas y hortalizas entre los años 1992 y 2002 y que superan los 330 millones de euros. Bruselas constató que estos subsidios falsearon la competencia en el mercado comunitario y pide a Francia que las recupere.
El Ejecutivo comunitario inició una investigación en 2005 por sus "dudas" sobre la incompatibilidad de unas ayudas cuyos destinatarios finales fueron organizaciones de productores. El objetivo de estas ayudas era compensar el excedente de la oferta de frutas y hortalizas galas en el mercado comunitario, a pesar de que el excedente producido por este sector también recibió ayudas a la exportación extracomunitaria.
Entre las medidas favorecidas por estas ayudas públicas figura la subvención de los precios de venta, ayudas para el almacenamiento o destrucción de parte de la cosecha y fondos para impulsar la transformación del producto fresco. Las cantidades fueron pagadas por la Oficina Nacional Interprofesional de Frutas, Hortalizas y Horticultura (ONIFLHOR) a comités económicos agrícolas franceses, en el marco de los denominados 'planes rurales'.
Tras examinar estas ayudas, la Comisión ha concluido que la naturaleza de estas medidas fue "falsear la competencia en el mercado comunitario al favorecer la salida de la producción de frutas y hortalizas francesas en detrimento de las producciones de otros Estados miembros".
Bruselas considera que los 'planes rurales' constituyen una especie de organización común de mercado (OCM) nacional que se superponen a la OCM de la UE y, por tanto, interfiere "gravemente" en el funcionamiento de esta última. Además, estas ayudas no fueron notificadas a la Comisión Europea.
INVESTIGACION A PORTUGAL
La Comisión Europea también abrió este miércoles un expediente a Portugal después de que las autoridades del país no hayan facilitado toda la información solicitada por Bruselas respecto a ayudas de Estado destinadas a costear la recogida, transporte, tratamiento y destrucción de deshechos de mataderos.
Tras una queja presentada en 2002, Bruselas examinó el sistema de ayudas de las autoridades portuguesas introducido en 1998 para atenuar el impacto de las medidas adoptadas para la lucha contra la encefalopatía espongiforme bovina (ESB), conocida como 'mal de las vacas locas'.
Portugal argumentó que las actividades de recogida, transporte y destrucción de los deshechos de mataderos son un servicio público, pero no ha contestado a la mayor parte de las preguntas planteadas por la Comisión como, por ejemplo, cuál es el monto de las tasas recaudadas para financiar este servicio.
Las autoridades portuguesas tienen ahora un mes de plazo para completar la información solicitada por Bruselas antes de que el Ejecutivo comunitario tome una decisión sobre la compatibilidad de estas ayudas con la normativa comunitaria. Puesto que Portugal no ha esperado a conocer esta decisión para proceder al pago de los subsidios, en caso de que el dictamen sea negativo los beneficiarios de las ayudas podrían estar obligados a devolverlas, advirtió la Comisión en un comunicado.
