BUENOS AIRES, 28 (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui)
La Justicia argentina prohibió a las empresas interrumpir la provisión de electricidad a los usuarios que no puedan pagar las tarifas como consecuencia de los fuertes incrementos dispuestos este año, que en algunos casos llegan a un 300% según denunciaron asociaciones de consumidores.
La medida afecta a unos 7 millones de clientes domiciliarios de las empresas Edenor, Edelap y Edesur, esta última controlada por la española Endesa, que son las principales distribuidoras de electricidad en la ciudad de Buenos Aires, en los distritos que la rodean y en la ciudad de La Plata.
La medida fue adoptada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 9, a cargo de la jueza subrogante Cecilia De Negre, ante un recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuyo titular es Eduardo Mondino.
La jueza ordenó a las empresas abstenerse "de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica motivado en la falta de pago de las facturas" a las que alcanzó el incremento "hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la presente causa".
El Defensor del Pueblo sostuvo que el aumento de tarifas dispuesto por el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández es "ilegal", ya que dijo "carecen de razonabilidad, ya que un usuario no puede recibir una factura con un incremento de 200% o 300%".
El aumento dispuesto por el Gobierno afecta a los hogares que tienen un consumo de 1.000 o más kilovatios por mes y según el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, repercute sólo a un mínino porcentaje de los consumidores.
