Sarkozy presentará en febrero el plan de ayuda al sector del automóvil
parís. El Gobierno francés se enfrenta mañana a un jueves negro, con la huelga convocada por todos los sindicatos para reclamar un aumento de los salarios y del poder adquisitivo, un control más estricto de las regulaciones de empleo y la defensa de los servicios públicos.
Empezando por los transportes, la llamada a la huelga se ha extendido a numerosas actividades del sector público como Correos, educación, sanidad, justicia, energía y medios audiovisuales del Estado. También se han convocado paros en el sector privado, en particular en la banca, la construcción naval, la industria del automóvil y la metalurgia. El éxito o el fracaso se medirán no sólo en términos de seguimiento del paro, sino igualmente en función de la participación en los varios cientos de manifestaciones convocadas en todo el país.
Los sindicatos reprochan al Ejecutivo la falta de disposiciones en favor de los trabajadores entre las medidas para hacer frente a la crisis. Lo mismo criticó ayer la oposición en la Asamblea Nacional durante el debate de una moción de censura, la segunda de la legislatura, que el Gobierno superó cómodamente gracias a su mayoría absoluta.
Por su parte, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, se declaró ayer consciente de las inquietudes de los franceses, pero se mostró resuelto a seguir adelante con su programa de reformas. "Si tuviera que escuchar a todos los que se quejan, haría como muchos de mis predecesores, poca cosa", lanzó el jefe del Estado en la visita a una fábrica.
Un día después de anunciar ayudas para la industria aeronáutica, Sarkozy confirmó la presentación, "en la primera quincena de febrero", de un plan de medidas estructurales para la industria del automóvil, a cambio de que los fabrican- tes se comprometan a conservar sus fábricas en Francia.