Madrid, 3 nov (EFECOM).- El Tribunal Constitucional (TC) ha dado su amparo a los trabajadores de Sintel y ha declarado nula la orden del Gobierno que les prohibió manifestarse en enero de 2003, decisión que ha llevado a los trabajadores de la extinta filial de Telefónica a estudiar la convocatoria de nuevas movilizaciones.
La quiebra de Sintel en marzo de 2001 llevó a sus empleados a instalarse en el Paseo de la Castellana de Madrid, considerado centro empresarial y financiero de la ciudad, y a levantar el "Campamento de la Esperanza", en el que permanecieron 187 días.
Tras muchas negociaciones, la plantilla aceptó un plan elaborado por el Gobierno y Telefónica para recolocar a unos 800 empleados en empresas contratistas de la operadora.
Las recolocaciones debían ser estables y en los lugares de residencia de los trabajadores, a quienes, en caso de no lograr un empleo, el Ministerio de Trabajo debía ampliar su prestación de paro dos años más de lo establecido.
No obstante, las recolocaciones no llegaron nunca y los trabajadores continuaron las movilizaciones, que fueron prohibidas en 2003 por el Gobierno y ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ese mismo año.
Los trabajadores de Sintel pidieron amparo al Tribunal Constitucional, que finalmente les ha dado la razón.
En la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el TC reconoce el "derecho fundamental de reunión" a los trabajadores de Sintel, y anula la resolución del Gobierno de 2003 y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del mismo año que prohibieron manifestarse a los trabajadores.
En 2004, los empleados de Sintel decidieron crear la operadora de telecomunicaciones Sintratel, cuyo director, Adolfo Jiménez, afirmó a Efe que la sentencia "no trae dinero, pero supone una victoria moral".
"Nuestro lema es que si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido, por lo que hemos decidido seguir combatiendo", dijo Jiménez.
Por eso, ante esta sentencia favorable, señaló que la Asociación de Trabajadores de Sintel estudia la convocatoria de nuevas movilizaciones para exigir al Gobierno que cumpla el acuerdo pactado en agosto de 2001 y que puso fin a una acampada de siete meses.
Jiménez subrayó que también pedirán el cierre del caso Sintel, que se inició en julio de 2001 y "todavía no ha concluido, lo que nos demuestra que la justicia es injusta por ser lenta".
El caso comenzó cuando el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, requirió a seis ex directivos de Sintel una fianza de 79,15 millones de euros o el embargo de bienes por un valor equivalente, por un presunto delito de insolvencia punible durante su gestión en esa empresa.
Los seis imputados fueron Juan Antonio Casanova, Ricardo Campos, Juan Miguel Antoñanzas y Pedro Novela Berlín, consejeros de Sintel entre 1997 y 2000, y los hijos del fallecido empresario cubano Jorge Mas Canosa: Jorge y Juan Carlos Mas Santos.
Meses después de ese auto, el Juzgado Central de Instrucción número 1 admitió a trámite otra querella interpuesta por la Asociación de Trabajadores de Sintel contra todos los miembros del Consejo de Administración de Telefónica en 1998, por presunto delito de extorsión, castigado con penas de cárcel de uno a cinco años.
Entre los miembros del Consejo de Telefónica en 1998 se encuentran el entonces presidente Juan Villalonga, Isidro Fainé y Francisco Gómez Roldán (vicepresidentes), y los vocales César Alierta (actual presidente de la compañía), Alberto Cortina, Pedro Ballvé y Juan Antonio Sagardoy.
En la querella, los trabajadores denunciaron que Telefónica vendió su ex filial en 1996 a la empresa Mastec Internacional, propiedad de la familia Mas Canosa, que, además de no abonar la compra, utilizó a la propia Sintel como aval para hacer frente a la operación.
De acuerdo con esta versión, el cobro de ese aval por parte de Telefónica forzó la quiebra y desaparición de Sintel.
Los trabajadores de Sintel responsabilizan a Telefónica de la quiebra de la filial y, en especial, a Cándido Velázquez-Gaztelu y a Heliodoro García, los gestores de la operadora que vendieron Sintel a la familia Mas Canosa. EFECOM
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