
Madrid, 20 dic (EFE).- La Comunidad de Madrid ha mostrado hoy su disconformidad con el Plan de Choque por el Empleo Joven publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 7 de diciembre, así como con la propuesta de los nuevos criterios de distribución de los fondos estatales para el desarrollo de las políticas activas de empleo por parte de las comunidades autónomas.
Esta ha sido la posición de Madrid en la LXXIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, presidida por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.
En relación al Plan de Empleo Joven, el viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha opinado que este documento "ni es un Plan, ni es de choque", según una nota del Gobierno regional.
Ha mostrado su desacuerdo con el procedimiento que se ha llevado a cabo hasta su aprobación y se ha quejado de "que no se ha negociado con las comunidades autónomas que, en definitiva, son las competentes para el desarrollo de las medidas que contiene?.
Ha recordado que ?la mayoría de las actuaciones ya se encuentran en marcha", por lo que "no aportan valor", a la vez que ha destacado que ?las novedades que se incorporan son escasas sin apenas relevancia y que tampoco se contempla ningún tipo de financiación adicional?.
En concreto, en referencia al Programa Orientajoven enmarcado en el Plan, -consistente en la incorporación de técnicos en las oficinas de empleo para realizar tareas de orientación a los colectivos más vulnerables -, García Martín ha manifestado que la Comunidad de Madrid ya cuenta con tutores especializados en la atención de jóvenes y desempleados de larga duración.
Además, en 2016, se puso en marcha un Plan específico de oficinas de empleo que fue consensuado con los sindicatos, en el que se contempla la incorporación de nuevos técnicos para realizar estas labores de forma estructural y no temporal como pretende el Gobierno. En el marco de este Plan específico, la Comunidad de Madrid ya ha creado 180 nuevos puestos estables.
"Desde la Comunidad de Madrid solicitamos al Ministerio que, como hemos hecho nosotros, apueste por la estabilidad de la plantillas porque, de no hacerlo, estaría contribuyendo a fomentar la temporalidad y la precariedad", ha dicho.
En relación a los criterios de distribución de fondos por parte del Estado a las comunidades autónomas para el desarrollo de las políticas activas de empleo, la Comunidad de Madrid ha manifestado su profundo desacuerdo con la propuesta del Ministerio, ya que supone la vuelta al modelo de 2011 que no tenía en cuenta ni el esfuerzo ni los resultados que obtenían las distintas comunidades autónomas.
El viceconsejero ha explicado que dichos criterios vulneran lo pactado en la última Conferencia de Presidentes que tuvo lugar en enero de 2017 en la que se acordó "seguir avanzando en la evaluación de las Políticas Activas en función de resultados".
Asimismo, dichos criterios contradicen lo recogido en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, uno de cuyos principios rectores, es precisamente ahondar en la eficacia de las políticas públicas de empleo y su orientación a la obtención de resultados.
Con las condiciones actuales de reparto de fondos, el 50 por ciento del presupuesto anual asignado a cada comunidad autónoma está vinculado a la evaluación de las distintas actuaciones y con el nuevo modelo dicho porcentaje quedaría reducido al 1,5 por ciento en 2019, a lo que habría que sumar, en su caso, los posibles incrementos presupuestarios.
García Martín ha resaltado que con el nuevo modelo de distribución de fondos "ni se reconoce la eficacia en la gestión, ni el compromiso de las distintas comunidades autónomas con la calidad de las política de empleo".
Durante la reunión, la Comunidad de Madrid también ha dejado constancia de su malestar por el hecho de que se esté incumpliendo la agenda pactada que se recoge en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, según la cual, "en el último trimestre del año el nuevo Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) debería quedar aprobado".
También ha lamentado que, a pesar de que principal reto país debe seguir siendo el empleo, el último semestre ha sido un "semestre perdido" en cuanto al avance de estas políticas.
Por último, el viceconsejero ha pedido de forma expresa un compromiso del Gobierno con los centros especiales de empleo que garantice que, en 2019, quedará cubierto el 50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional de las personas con discapacidad que trabajan en estos centros. EFE
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