Insiste en que el actual proceso electoral en Caja Madrid se hará según la norma anterior
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, afirmó hoy que Ley de Cajas aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre es "más intervencionista" que la anterior legislación, aprobada por Alberto Ruiz-Gallardón, que era "más liberal". No obstante, recordó que quien discrepe "puede acudir en defensa del derecho que pueda asistirle".
"Nosotros fuimos responsables de una Ley cuando estábamos al frente del Ejecutivo autonómico que me parece mucho más liberal que la aprobada ahora, aunque es una opinión. Pero si a alguien le gusta una ley más intervencionista, está en su derecho porque éste es un país libre, aunque lógicamente discrepamos con que sea el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, quien elija las entidades representativas, ya que eso supondría un control sobre la Caja que antes no existía", consideró el edil.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el vicealcalde volvió a ser interrogado sobre la reforma de la Ley de Cajas efectuada por Aguirre el pasado mes de diciembre que, por una parte, reduce la representación del Ayuntamiento de Madrid a un máximo del 30 por ciento frente al 70 por ciento del que gozaba hasta ahora y, por otra parte, reserva a la presidenta regional la última palabra sobre la reelección del actual presidente de la entidad, Miguel Blesa, que ya ha cumplido sus doce años de mandato.
Así, con respecto a la nueva normativa, la mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, fiel respaldo de Blesa, insistió en que "éste es un asunto que nada tiene que ver con conflictos personales ni con que alguien pueda o no permanecer más o menos tiempo en una entidad", sino con que "las Cajas, se esté en el Gobierno o en la oposición, deben ser instrumento al servicio de los ciudadanos con la menor injerencia política posible".
Para apoyar sus críticas, Cobo pidió al equipo de Aguirre que "plantee a cualquier representante del PP que esté en la oposición en otras comunidades autónomas si esta norma les gustaría". "Seguro que no, y creo que lo definitivo para analizar una ley es ver qué modelo gusta más cuando se está en la oposición, porque la tentación en el Gobierno es tener el mayor control posible sobre este tipo de instituciones, lo que en este momento no nos parece adecuado, aunque es algo opinable", apostilló.
ELECCIONES EN LA CAJA
Con respecto al proceso electoral iniciado hace unos meses en la entidad financiera, Cobo resaltó que "se puso en marcha con anterioridad a la aprobación de la Ley de Cajas" por lo que "será en las siguientes elecciones, y no en las actuales, cuando se pueda aplicar el nuevo texto aprobado por la Comunidad de Madrid".
Sin embargo, el propio Beteta afirmó a finales de año que la nueva Ley de Cajas entraría en vigor el 1 de enero y afectaría al actual proceso electoral de Caja Madrid. "El texto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y remitido a la Asamblea, indica ya en una disposición que todo lo que se prevea estará en vigor para el proceso electoral vigente", apostilló el consejero, añadiendo que los responsables municipales no habían "estudiado suficientemente el asunto" ya que la normativa cuenta "con todos los informes de los servicios jurídicos" para garantizar la legalidad de esta entrada en vigor algo apresurada.
"Naturalmente, se puede discrepar, porque estamos en un Estado de Derecho, pero entiendo que no hay razón ni fundamento ninguno, porque absolutamente todas las medidas que se han implementado están funcionando ya en otras comunidades autónomas pacíficamente desde el punto de vista legal y, en consecuencia, no sé por qué van a ser ilegales en la Comunidad de Madrid", concluyó Beteta el pasado 26 de diciembre.
Sin embargo, Cobo aseguró haber oído "opiniones jurídicas contrarias" sobre este tema, y recordó que "cuando se inicia un proceso hay que seguir con las mismas reglas con las que se ha empezado hasta el final". "Usando un símil deportivo, una vez el partido está iniciado no se pueden cambiar las reglas, y en este caso el proceso electoral se había iniciado ya e incluso los órganos de Administración de la Caja habían tomado ya algunos acuerdos".
"Pero bueno, (la de Beteta) es una opinión jurídica muy respetable, aunque en Caja Madrid se opina lo contrario, y si alguien no está de acuerdo se podrá acudir en defensa del derecho que pueda asistir a cualquiera", lanzó el concejal, en la misma línea de las afirmaciones que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, emitió el 26 de diciembre pasado, cuando afirmó que el Ayuntamiento "utilizará todas las posibilidades legales a su alcance para evitar que esta reforma entre en vigor".
AGRAVIO PARA CON MADRID
Por último, Cobo insistió en que el nuevo texto legal "agravia a Madrid en el número de representantes en relación con otros municipios que no tienen el porcentaje ni de depósitos, ni de oficinas ni de población". "Lo que es un hecho y nadie puede discutir es que a los representantes de los ciudadanos de Madrid capital, que en este momento tienen una representación de 70 personas, pasarán a tener 24 personas, y que se ha establecido una limitación de un 30 por ciento máximo en la representación de los ciudadanos de Madrid y no entendemos por qué", insistió.
Según el Ejecutivo local, la representación en la caja de ahorros se puede fijar en base a diversos criterios, tales como el número de depósitos, el número de oficinas o incluso la población. "El más importante, y el que menciona la Ley Orgánica de Cajas de Ahorros (LORCA), son los depósitos, y si quienes viven en Madrid llevan más su dinero a Caja Madrid que a otros banco, deben tener más representación", razonó el edil.
Además, indicó que ni siquiera usando el criterio de la población, a su juicio el menos justo aunque el que la Comunidad de Madrid "ha usado en muchos otros asuntos como referente", la limitación al 30 por ciento es excesiva y no debería ser "menos del 50 por ciento", y rechazó comparaciones con artículos similares en otras normativas autonómicas como la catalana, la andaluza o la castellano-leonesa, alegando que ni Sevilla, ni Barcelona ni Valladolid tienen datos de depósitos o número de oficinas en relación con sus regiones comparables a Madrid.
"Ha habido una situación de agravio a esta ciudad que no entendemos por qué. Se ha castigado a los madrileños y nosotros tenemos que defender sus intereses, porque no hay ningún elemento objetivo, ni siquiera el de la población, que justifique que haya que poner un limite a los representantes de este Ayuntamiento en un 30 por ciento", concluyó Cobo, recordando que la obligación del Ejecutivo local es defender los intereses de los vecinos de la ciudad frente a la de la Comunidad de Madrid, que también representa a los ciudadanos de otros municipios.
