Economía

Otras 28.600 personas con discapacidad trabajarían si se cumpliera la ley

Barcelona, 3 dic (EFE).- Otras 28.644 personas con discapacidad tendrían trabajo en Cataluña si todas las empresas e instituciones cumpliesen con la cuota de reserva del 2 % que exige la ley para la contratación de discapacitados.

La entrada en el mercado laboral de estas personas supondría que un 42,8 % más de discapacitados tendrían un empleo en Cataluña, según un informe que ha publicado hoy el sindicato UGT.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el sindicato ha denunciado el incumplimiento del artículo 42 de esta ley, que establece que las compañías públicas y privadas que emplean a cincuenta o más trabajadores deben contar, como mínimo, con un 2 % de trabajadores con discapacidad.

Además, si se cumpliera esta cuota se incrementaría hasta en diez puntos porcentuales la tasa de ocupación de las personas trabajadoras con discapacidad, que en Cataluña son 551.440, según datos de 2017, un 4,2 % más que el año anterior.

En rueda de prensa, la secretaria de Política Social de UGT de Cataluña, Enriqueta Duran, ha precisado que 285.953 personas con algún tipo de discapacidad, el 38,5 % de entre 55 y 64 años, están en edad de trabajar y representan el 5,8 % del total de la población activa catalana. Sin embargo, el 63,8 % no tiene trabajo.

"Podemos afirmar que las personas con discapacidad tienen un grave problema de inserción laboral y de adaptación posterior en el lugar de trabajo. Desde UGT consideramos que es necesario fomentar más decididamente la ocupación efectiva", ha asegurado la secretaria de Política Social.

Entre las medidas que propone UGT para mejorar las condiciones de este colectivo en el trabajo se encuentran acciones de sensibilización, promoción de la igualdad de condiciones en la ocupación, mejora de la intermediación laboral o facilitar la adaptación y la accesibilidad en el lugar de trabajo.

Duran ha recordado que cualquier persona puede tener una discapacidad, por lo que UGT insta también a identificar los riesgos que aumenten las probabilidades de tener una discapacidad sobrevenida, así como a establecer un protocolo para que una persona en esta situación no pierda su puesto de trabajo.

Por su parte, la secretaria de Políticas Sindicales, Núria Gildado, ha explicado que en el Acuerdo Interprofesional de Cataluña (AIC) se establecieron medidas concretas para promover la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, así como para evitar la discriminación de las personas con alguna discapacidad.

"Todas las partes llegamos a un acuerdo en la aplicación de la ley y en la obligación de reservar un 2 % de las plantillas para empleados con discapacidad. Y acordamos que esta tenía que ser la forma de acceso a la ocupación ordinaria", ha dicho Gildado.

"Respecto a los Centros Especiales de Ocupación (CET), creemos que son un modelo obsoleto y que debe haber cambios. Hemos acordado en el AIC y con la Generalitat hacer una reestructuración de ellos en un marco legislativo que sea adecuado", ha añadido Gildado.

El sindicato asegura que los CET, que formalizaron el 66 % de los contratos de 2017, "no están cumpliendo su objetivo", que pasa por ser un puente que permita a personas con discapacidad aprender a hacer un trabajo y poderse incorporar posteriormente en una empresa.

Gildado ha tildado de "guetos" algunos de estos centros y de "empresas multiservicio 'low cost' o de bajo coste" por las condiciones en las que se encuentran estas personas trabajadoras.

"Tenemos que tener en cuenta que son centros subvencionados por la administración, que usan dinero público y tienen condiciones de trabajo que no son dignas. Son las personas más vulnerables y están en situación de precariedad", ha dicho.

Carlos Moreno, referente de discapacidad de UGT, ha precisado que las empresas CET tienen ventajas fiscales al estar exentas de pagar prácticamente toda la cuota de la Seguridad Social, y que reciben bonificaciones por cada contrato a una persona con discapacidad.

Además, la administración paga la mitad del salario que perciben, que es el mínimo interprofesional.

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