Históricamente el cumplimiento de las condiciones de pago de las administraciones públicas españolas y en especial de los ayuntamientos "ha sido un desastre", pero ahora, con la crisis, "cuando se han acabado los ingresos adicionales derivados de la construcción, se han triplicado los plazos de demora". Algunos ayuntamientos tardan hasta 18 meses en pagar y la deuda total supera los 30.500 millones
Son palabras de Francisco Jardón, presidente de la Asociación de Empresarios de Limpieza Pública (ASELIP), integrada en CEOE, quien denuncia que las administraciones públicas están pagando con un retraso que oscila entre los 210 y los 380 días, como media, "aunque algunos ayuntamientos, principalmente de Andalucía, acumulan ya demoras en sus pagos de hasta 18 meses" y esta situación, en momentos de carestía de liquidez y de financiación, "sólo la pueden mantener las grandes empresas".
Plazos confirmados también por las asociaciones representantivas de los trabajadores autónomos, ATA y UPTA y que están en el origen de una morosidad habitual que asfixia a las empresas y destruye empleo.
Origen de las quiebras
El portavoz parlamentario de Convergencia i Unión, Josep Antoni Durán i Lleida, denunciaba recientemente en el Congreso, con datos oficiales, que una de cada cuatro quiebras empresariales que se producen hoy en España tiene su origen en el incumplimiento de los plazos de pago.
Un mortandad empresarial con graves consecuencias para el empleo, que afecta especialmente a las pymes y que el presidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, transmitió al presidente del Gobierno durante la pasada Conferencia Empresarial de CEOE, recordando que "la situación de muchas empresas se ha agravado aún más, porque las administraciones públicas han retrasado sus pagos".
Sólo la deuda con las empresas de ASELIP supera "ampliamente" los 3.000 millones de euros, pero el Banco de España eleva a 30.559 millones, con datos hasta junio, el importe de los pagos pendientes a empresas de todas las administraciones. La mitad de este importe son impagos de ayuntamientos de capitales de provincia.
El mapa de la morosidad
Pero, además del daño económico, esta morosidad de las administraciones supone también una vulneración de la legalidad. La ley fija un plazo máximo de dos meses para pagar y sólo los organismos de la Administración Central suelen cumplir este plazo de 60 días, algo que no se puede decir del resto de Administraciones. Al igual que ocurre con los ayuntamientos, la Junta de Andalucía lidera el ranking de los morosos autonómicos, seguido de sus homólogos de la Comunidad Valenciana y Cataluña.
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