Acuerdo preliminar acerca a su fin costosa huelga sindical en Costa Rica

San José, 29 sep (EFE).- Un acuerdo preliminar entre sindicatos y Gobierno acerca a su fin a una huelga contra una reforma fiscal que ha generado a Costa Rica pérdidas en sectores claves como exportaciones, transporte, turismo, educación y salud.

Tras ocho reuniones con la mediación de la Iglesia Católica, las partes llegaron a un acuerdo la madrugada de este sábado, pero no brindaron detalles del texto hasta que las bases sindicales decidan si lo aprueban o lo rechazan.

La huelga continuará este sábado y el domingo está previsto que las partes vuelvan a reunirse para determinar si se depone y se instala una mesa de negociación que analizará propuestas tributarias de los gremios sindicales.

La huelga contra un proyecto de ley de reforma fiscal comenzó el pasado 10 de septiembre con la exigencia de que la iniciativa fuera retirada del Congreso y se redactara una nueva, que incluyera propuestas de los sindicatos.

En un contexto de creciente déficit, de numerosas advertencias de organismos internacionales acerca de la inestabilidad de las finanzas públicas del país y constantes problemas de acceso a financiamiento en condiciones favorables, el Gobierno optó por impulsar la reforma decididamente.

"El tiempo se agotó y debemos actuar ya", dijo contundentemente el presidente costarricense, Carlos Alvarado, el pasado martes en mensaje al país.

La reforma fiscal, que recaudaría cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), busca paliar el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del ingreso total nacional previsto para 2018, y además frenar el crecimiento de la deuda, que este año superará el 50 por ciento del PIB.

El Gobierno considera urgente el proyecto fiscal para generar confianza en los mercados crediticios y tener acceso a financiación a tasas y plazos más cómodos, pues en la actualidad solo está obteniendo créditos a corto plazo y tasas elevadas.

Pese a las advertencias del Gobierno sobre la urgencia de aprobar la reforma, los sindicatos se fueron a una huelga que este sábado cumple su vigésimo día, ya que consideran que la iniciativa afectará más a las clases medias y bajas.

Los primeros diez días del movimiento fueron los más convulsos con bloqueos de carreteras, de puertos y de los accesos a los planteles de distribución de combustibles, lo que obligó al Gobierno a utilizar la fuerza para mantener activos esos servicios.

Sin embargo, esos días generaron pérdidas de al menos 90 millones de dólares al sector exportador por la lentitud en la operación de los puertos, cientos de reservas de turistas canceladas, dos cruceros que no atracaron, pérdidas aún por cuantificar a las empresas de transporte público, así como en el comercio y los restaurantes.

El sector educación ha sido de los más afectados, pues más de la mitad de los centros educativos han permanecido cerrados y al menos el 70 por ciento de los educadores se unieron a la huelga.

En el sector salud más de 2.300 cirugías programadas no se efectuaron y se perdieron miles de citas médicas.

Si las bases sindicales aprueban el acuerdo preliminar la huelga será depuesta el domingo y el próximo lunes comenzará una mesa de negociación multisectorial, que analizará propuestas fiscales de los gremios que no están incluidas en el proyecto de ley de reforma tributaria que discute el Congreso.

Está previsto que la próxima semana el Plenario del Congreso discuta y vote un paquete de 368 mociones al proyecto de ley para que la reforma sea sometida a la primera de dos votaciones necesarias durante el mes de octubre.

La discusión legislativa se aceleró luego de que el pasado martes el Gobierno activará el mecanismo de Letras del Tesoro, que no se utilizaba desde 1994, para obtener financiamiento por 858 millones de dólares del Banco Central y cubrir gastos para el cierre del año.

Con ello, según el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, el Gobierno tendrá más orden en las finanzas mientras se aprueba la reforma y consigue mejores condiciones crediticias en los mercados.

La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y de manera diferenciada algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, renta de capital, renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

Los sindicatos aseguran que el proyecto afectará más a las personas de las clases medias y bajas, algo que el Gobierno niega al asegurar que el 80 por ciento del dinero fresco que se percibirá con la reforma provendrá del 30 por ciento de la población con mayores ingresos.