El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, ya tiene la guía sobre cómo los gobiernos de la UE podrán saltarse el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con la bendición de Bruselas. El Pacto obliga a los Estados europeos a mantener sus cuentas equilibradas y sus déficit públicos por debajo del listón del 3% de su Producto Interior Bruto (PIB).
Pero su aplicación será temporalmente flexible para permitir que las Administraciones abran el grifo del gasto público, con el objetivo de reactivar la economía y evitar que la UE sufra una recesión profunda y prolongada.
La doctrina de Almunia contempla que la Comisión Europea aplicará diferentes plazos para exigir a los Estados que vuelvan a poner en orden sus arcas públicas. Los márgenes variarán en función de cuál haya sido el motivo del incremento del déficit y de la deuda, aseguró a elEconomista José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular.
Todavía quedan por definir los matices. Pero la opción más probable, tal y como apunta García Margallo, pasa porque los países miembros puedan saltarse el acuerdo comunitario durante más tiempo si su déficit está ligado, en líneas generales, al gasto en inversión. Por el contrario, Bruselas será más estricta frente a otros tipos de gasto que no son vistos con tan buenos ojos, como el gasto corriente.
En España, un ejemplo que, en principio, se ajustaría a los requisitos del Ejecutivo comunitario sería el Fondo de Inversión en el ámbito local, dotado con 8.000 millones de euros y que supone un 0,8% del PIB.
Se recupera el debate de 2005
La opción que plantea Bruselas, en el actual momento de crisis económica internacional, supondría recuperar un debate mantenido en el año 2005 cuando la Comisión Europea revisó las reglas del Pacto de Estabilidad para flexibilizarlo y, entre otras cosas, evitar tener que multar a Alemania y Francia.
Ahora, aunque todavía quedan por atar los últimos flecos, Bruselas estaría dispuesta a permitir que los países que han recurrido a incrementar su déficit público para dar un importante impulso a la inversión pública se acojan más tiempo a esa excepcionalidad. Margallo insiste en que tiene toda su lógica "ser más permisivo con los gastos que más contribuyen a fijar el Pacto de Estabilidad".
Sin embargo, los incrementos de deuda motivados por conceptos como los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, y los gastos financieros o en transferencias corrientes no escaparían a la regla general. De manera que su acumulación desencadenaría la apertura de expedientes contra la desviación presupuestaria que permite las normas comunitarias.
Margallo recuerda que el procedimiento que rige el Reglamento comunitario para la imposición de sanciones establece que si la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de Economía de los 27 países de la UE constatan un déficit excesivo, dan un primer toque de atención enviando recomendaciones al Estado miembro en cuestión, para que adopte medidas y ponga fin a ese déficit excesivo.
Si el Estado miembro no se ajusta a esas recomendaciones o no adopta medidas destinadas a remediar la situación, la sanción consiste, inicialmente, en un depósito sin intereses, a favor de Bruselas. El importe de este depósito comprende un elemento fijo igual al 0,2% del PIB y un elemento variable igual a la décima parte de la diferencia entre el déficit (expresado en porcentaje del PIB del año en que se ha considerado excesivo el déficit) y el valor de referencia (3 por ciento).
Cada uno de los años siguientes, el Consejo podría decidir reforzar las sanciones exigiendo un depósito adicional -igual a la décima parte de la diferencia entre el déficit, expresado en porcentaje del PIB del año anterior, y el valor de referencia del 3% del PIB-. Sin embargo, Margallo puntualiza que estas sanciones no se han aplicado porque cuando Berlín y París incurrieron en sendas infracciones forzaron la aplicación de una "amnistía general".
Almunia insiste en que "sigue vigente" que sobrepasar el 3% supone incurrir en un déficit excesivo. A los países que superen este techo se les exigirá que adopten un plan para recuperar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En España, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, reconoció el pasado viernes que el déficit de nuestro país superará "claramente" el 3% en 2009.
