Madrid, 23 jul (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido hoy de que los rescates de cajas de ahorros y autopistas de peaje, junto a algunas de las medidas previstas en los Presupuestos, lastrarán el déficit de la administración central de este año, que duplicará la meta inicial.
La AIReF ha presentado hoy el informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de 2018, donde considera improbable que el conjunto de las administraciones logren cerrar el ejercicio con un déficit del 2,2 % del PIB, como preveía el Gobierno de Mariano Rajoy.
De hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya comunicó a Bruselas que esta meta no era "realista" y que el desvío sería del 2,7 % del PIB, el mismo déficit que estima la Autoridad Fiscal en su escenario central, una cifra que no constituye un objetivo formal y que, por lo tanto, no se distribuye entre las diferentes administraciones.
Los subsectores que explican esta evolución del déficit, ha señalado al Autoridad Fiscal, son la administración central y la Seguridad Social, que terminarán el año con un desfase del 1,5 % del PIB cada una, cuando su objetivo es del 0,7 % y el 1,1 % del PIB, respectivamente.
En cambio, contribuirán al cumplimiento las comunidades autónomas -que cerrarán 2018 con un déficit del 0,3 % del PIB, una décima menos de su meta- y, sobre todo, las corporaciones locales, que volverán a registrar un superávit de alrededor del 0,6 % del PIB, cuando su objetivo formal es el equilibrio presupuestario.
En el caso de la administración central, el desvío se explica, según la AIReF, por una serie de factores, entre ellos los pagos a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos por la liquidación de los esquemas de protección de activos de la CAM y Unnim, que cifra en 1.700 millones de euros.
A esto añade el coste de la responsabilidad patrimonial del Estado en el rescate de las autopistas de peaje (estimado en unos 1.800 millones) y de las medidas incorporadas a los Presupuestos, como la subida del sueldo de los funcionarios, así como a las previsiones de solicitudes de conversión de los impuestos diferidos en créditos fiscales exigibles, que el pasado año rondaban los 500 millones y este podrían superar los 1.000 millones.
Otro factor es la evolución peor de la prevista de algunos impuestos, como el de sociedades o el IVA, que además impedirá cumplir la estimación de recaudación tributaria, aunque la AIReF sí espera que se alcance la previsión de ingresos gracias a la aportación de fondos europeos.
En el caso de la Seguridad Social, el desvío con respecto al déficit previsto está relacionado con la revalorización de las pensiones, un aumento de gasto que no se compensará con la mejora de las cotizaciones y el crédito concedido por el Estado.
Según las previsiones de la AIReF, las comunidades autónomas terminarán el año con un déficit del 0,3 %, cuando su meta es del 0,4 %, aunque ve improbable o muy improbable que Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia cumplan su objetivo.
Por su parte, las corporaciones locales, cuya meta es el equilibrio, lograrán un superávit del 0,6 % del PIB. En ese sentido, la AIReF insiste en que el superávit previsto se consigne a la hora de distribuir las metas para evitar que algunos subsectores aprovechen ese margen para incumplir las suyas.
La Autoridad también ha señalado que tanto la administración central como la mayoría de las comunidades autónomas incumplirán la regla de gasto este año aunque sí se alcanzarán los objetivos en materia de deuda pública.
