"Pero papá...". A Nahú, de 12 años, su padre le acaba de colgar el teléfono. Nahú es senegalés, llegó a Canarias en un cayuco tras nueve días de travesía oceánica y acaba de cumplir su primer mes en territorio español.
La familia de Nahú pagó a una mafia algo más de 500 euros para que su hijo alcanzara la utopía occidental, una fortuna para un país como el africano y una cantidad que el propio Nahú debería haber empezado a sufragar desde el momento que pisó la playa tinerfeña.
Pero Nahú (nombre e identidad ficticios, ya que la ley prohíbe identificar a menores) está en un centro de acogida del Gobierno canario, junto a otro centenar de chicos como él, y no puede enviar dinero. A la mafia que le embarcó en una lancha eso no le importa. Ellos presionan a los padres y los padres a Nahú. O le cuelgan el teléfono.
Nahú, o un niño real muy parecido a él, llora por la conversación que no ha podido terminar y porque el día antes se llevaron a su mejor amigo, Abdoulaye, a la península. No le dijeron adónde. Incluso otros niños de la residencia opinan que todo el que sale lo hace en dirección a Senegal. Sólo en las Islas Canarias hay casi 900 menores extranjeros no acompañados (ése es el eufemismo burocrático para los niños que han entrado en España de forma ilegal y a los que no se le puede aplicar los procedimientos de expulsión o repatriación habituales por su menoría de edad).
Cifra de menores incalculable
En Andalucía, Cataluña o Madrid la cifra es similar en cada una. Como la tutela a los menores (sean de donde sean) es competencia autonómica, nadie sabe realmente cuántos inmigrantes hay en estos momentos en todo el territorio nacional. Incluso las autonomías tienen problemas para contar a sus niños, ya que las cifras oficiales a veces ilustran el número de acogidos y, otras veces, los expedientes abiertos. En el segundo caso, un expediente puede permanecer abierto aunque el menor se escapara cuatro años atrás.
Canarias, decíamos, cuenta a casi 900 menores en sus residencias. En teoría, la comunidad isleña sólo tiene capacidad para 300, por lo que lleva desde agosto reclamando al Ejecutivo central una solución. No es sólo un problema de espacio, sino económico. Según la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, cada niño le cuesta a las arcas públicas unos 30.000 euros al año.
En el cómputo están contemplados desde la plaza educativa y sanitaria hasta los 52 euros al día por cada niño que el Gobierno autonómico entrega a las organizaciones sociales para que alimenten, vistan y cuiden del chaval. También se incluye el gasto en infraestructuras. En principio, Canarias esperaba destinar en todo 2006 alrededor de nueve millones de euros a este concepto. Ya va por 13, y el dinero está saliendo de la partida general de atención a menores desamparados.
Guerra política
La promesa de una solución (que no la solución, como veremos más adelante) la lanzó el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, a principios de mes. En unas pocas semanas, el Estado se encargaría de repartir "entre las comunidades socialistas" a 500 menores de los que copaban las islas. Casi un mes después, sólo han viajado a la península 94 y no se espera mucha agilidad a corto plazo porque las autonomías aseguran haber rebasado su límite.
Los datos son de ayer mismo y los utilizó la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, para atacar a las comunidades del Partido Popular por no ofrecer sus plazas para estos menores. Las autonomías del PP, sin embargo, replican que es el Gobierno el que no se ha puesto en contacto con ellas para negociar los traslados. Otra crítica de las autonomías no socialistas es que el Estado sólo está dando dinero por los inmigrantes adultos y nada por los pequeños. Hay incluso un fondo especial para inmigrantes. Sólo para mayores.
Unos 2.500 kilómetros más al sur de donde se toman las decisiones están desesperados. Vale que 94 críos han sido desplazados de Canarias al continente, pero, en el tiempo transcurrido para efectuar los trayectos, han arribado en nuevas barcazas 43 más, con lo que estamos casi como al principio.
De momento, en los centros reina la tranquilidad, pese a que el ramadán elevó un poco la tensión. No es de extrañar: hay 100 niños donde sólo caben una quincena. Nahú echa de menos a Abdoulaye.
De vuelta a casa
Y Abdoulaye echa de menos a Nahú. En Madrid hace más frío. También corren ciertos rumores que no le gustan nada. En el centro de primera estancia de Hortaleza la mayoría de los niños son marroquíes. Abdel tiene 17 años y le narra a Abdoulaye qué es lo que les pasa a los menores extranjeros no acompañados. El senegalés ya sabe una parte de la historia: nada más aterrizar, los responsables de la comunidad autónoma (del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, en este caso) le hicieron rellenar un formulario. Sus datos, su procedencia, su edad, una ínfima parte de su historia...
Lo que no sabe Abdoulaye, y ésta es una de las principales denuncias que hacen las organizaciones sociales que trabajan con estos niños (como la Asociación Coordinadora de Barrios de Madrid), es que hay letra pequeña. En concreto, todos firman un documento en el que se le informa que se inician los trámites para su reagrupación familiar. (Lo dice el papel, no se lo dicen a ellos). También se llama a este papel "acta de audiencia". De forma inmediata, la administración autonómica traslada la información a la Delegación del Gobierno (dependiente del central), para que busque a la familia e intente la devolución del niño a su hogar, tal y como exige la legalidad internacional. Eso puede tardar tres años, cuatro o no llegar nunca, podría advertir Abdel a Abdoulaye.
Este proceso, con todo, no se da en todas las comunidades. Canarias, por ejemplo, no ha repatriado a un solo menor en los últimos años.
Procedimiento irregular
Juan Ignacio de la Mata es abogado y pertenece a una organización que trabaja con menores. En sus manos sostiene una reciente sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Madrid en la que se estima un recurso contra la repatriación de un menor al que no se respetó el derecho de audiencia ni se notificó el procedimiento que se había abierto contra él. Es la segunda sentencia al respecto.
Y el caso consiste en que un menor vive durante varios años en su comunidad, con lo que eso ha supuesto en gasto, dedicación, formación e integración. Sin embargo, a las cinco o a las seis de la mañana de cualquier día, la Policía se presenta en el centro de menores y se lo lleva al aeropuerto, de donde partirá un avión que lo devolverá a su país. El abogado Juan Ignacio de la Mata recuerda un caso en que un menor logró llamarle al móvil justo cuando iba camino de Barajas. No habló con él, pero le puso sobre aviso a tiempo para que un juzgado adoptase una cautelarísima y paralizase el traslado. El chaval se bajó del avión a tiempo.
Un final feliz que pocas veces se produce
El Consejo General de la Abogacía Española se ha sumado a acciones como la emprendida por De la Mata y ha denunciado la vulneración de derechos fundamentales en el traslado de menores inmigrantes. En pocas palabras, los letrados se agarran a una cuestión tan básica como que el niño debe ser oído por un juez, informado del proceso en que está sumido y, en su caso, ser asesorado por un profesional de la justicia.
La Comunidad de Madrid siempre ha defendido que el niño está lo suficientemente representado por quien ostenta su tutela legal: la propia Comunidad. Este punto, que hasta ahora parecía inapelable, es lo que ha echado por tierra el juez y lo corrobora en su último informe el Defensor del Menor de Madrid, que reprende al Gobierno regional por su trato a los niños.
Va más allá, de hecho. Critica a la Comunidad, a la Delegación del Gobierno (que depende del Ministerio del Interior), a la Fiscalía... Critica a todos y critica, en particular, "la descoordinación entre todos los administraciones" que termina pagando el menor y su derecho inviolable a tener derechos.
El Sindicato Unificado de la Policía da una visión menos legalista y avisa de que las mafias han descubierto a los menores. "Nos vamos a convertir en la guardería de África", ilustran, recordando que pocas veces un menor vuelve a casa y, al cumplir los 18 años, son libres.
¿Descoordinación o desinterés? Descoordinación, seguro. Quizás todo lo contrario al desinterés. Un reciente estudio de la Unión de Consumidores Españoles cifraba en 300.000 euros el coste de criar un niño desde que nace hasta que cumple la mayoría de edad. Haciendo una simple cuenta, 16.666 euros al año, casi la mitad de lo que cuesta un inmigrante. De lo que cuesta cada uno de esos miles de niños solos entre la burocracia y la política.
